La Seguridad Social no abona la baja maternal implantada por la Xunta para añadir dos semanas
GALICIA
Los 14 días a mayores desde el 2017 debe asumirlos la administración de cada empleada pública
29 ago 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La Lei de Emprego Público de Galicia (Lei 2/2015) establece entre otras medidas la ampliación de la baja por maternidad de dieciséis a dieciocho semanas para las empleadas de la administración pública. Se trata de una medida que ha ido entrando en vigor de forma progresiva, de manera que en este 2016 las mujeres que hayan sido madres y sean trabajadoras de alguna entidad pública pueden solicitar 17 semanas, y será en el año 2017 cuando sean efectivas las 18.
Pero aunque la baja maternal es un permiso que asume la Seguridad Social, no ocurre lo mismo con esta ampliación. Al ser una medida de carácter autonómico que incrementa unos derechos que no hay en otras comunidades, el ente estatal sigue cubriendo únicamente las dieciséis semanas de baja tradicionales. ¿Y quién asume las otras dos, una si es en el 2017? Ni siquiera la Xunta en su totalidad. Y es que debe pagar este permiso la administración que lo otorga. Es decir, que son los concellos, universidades, Sergas o la propia Xunta quien asume este tiempo de ampliación.
En realidad, cuando la trabajadora desempeña su función en un organismo como el Sergas es la Xunta quien financia, ya que es quien establece los presupuestos. Algo similar ocurre con las empleadas de las universidades, aunque en este caso son autónomas, disponen de sus propias cuentas y de capacidad para captar recursos propios o externos, pero siguen dependiendo en un porcentaje muy alto -un 85 %- de los recursos que aporta la administración autonómica. En el caso del personal de los concellos, por ejemplo, la situación es diferente ya que deben asumir esta baja si la trabajadora la solicita, algo a lo que tiene derecho por ley.
La ampliación de la baja maternal se incluyó en el debate de la Lei de Emprego Público a través de una enmienda de los populares, convirtiéndose en la primera comunidad de España en tener este permiso. Es aplicable a los 120.000 empleados de Galicia, pero no a los trabajadores de la administración del Estado que desempeñen en la comunidad gallega sus funciones.