Fomento vigilará las obras de ampliación de la AP-9 para evitar más retrasos

Pablo González
Pablo González REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Oscar Vazquez

Una consultora controlará los plazos, los cambios de proyecto y la calidad de los trabajos

24 ago 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

El Ministerio de Fomento pretende supervisar hasta el mínimo detalle de las obras que Audasa desarrolla desde hace año y medio en el puente de Rande y su entorno, así como en la circunvalación gratuita de Santiago, dos ampliaciones de capacidad de la AP-9 que se gestaron mediante un convenio aprobado en noviembre del 2011, cuando aún estaba al frente del ministerio José Blanco. Para ello, la Dirección General de Carreteras, en estrecha colaboración con su Demarcación en Galicia, acaba de licitar un contrato de inspección y control de la ejecución de las obras para comprobar, entre otros asuntos, si el plan de control de la calidad de la obra de la concesionaria se adapta a los patrones de Fomento, pero también si el ritmo de los trabajos se ajusta al programa pactado. «Se analizará en particular el retraso o adelanto de cada unidad en relación con la fecha prevista en el programa, indicando si se prevé que afecte al plazo total de la terminación de las obras», se asegura en el pliego del contrato que Fomento prevé adjudicar a principios del año que viene.

El asunto de los eventuales retrasos es clave. La exministra de Fomento, Ana Pastor, se quejó a finales de mayo de que las obras del puente de Rande estuvieran «muy paradas» y se comprometió a vigilar los plazos, recordando que las obras de ampliación deberían estar terminadas en la primavera del 2017. Pastor también desautorizó los intentos de las empresas que llevan a cabo los trabajos -Puentes y Dragados- de modificar unilateralmente el proyecto en el puente que cruza la ría de Vigo. «El proyecto es el que se adjudicó», precisó entonces la ahora presidenta del Congreso de los Diputados. Ahora, Fomento quiere asegurarse que las obras se llevan a cabo según lo acordado en el real decreto de noviembre del 2011, aunque los plazos no sea posible cumplirlos tal y como Fomento los planteó inicialmente. Se tratará de evitar más retrasos.

Control de pruebas de carga

Ante este escenario de desencuentros respecto al proyecto, la consultora que resulte adjudicataria deberá comprobar también que las características de la nueva traza, tanto en Santiago como en Vigo, se ajusta al proyecto aprobado. Y que las particularidades cualitativas de las actuaciones se atienen a lo previsto en la normativa, tanto en lo que respecta a los materiales y los ensayos como a las pruebas de carga en el puente de Rande y en los viaductos que se están ampliando en la circunvalación de Compostela. En paralelo se vigilará que se cumplen las instrucciones de las distintas administraciones sobre las servidumbres y los servicios afectados por los trabajos.

Los consultores deberán prestar especial atención a las incidencias que se presenten en el proceso de construcción, «en particular las que incluyen presunción de obra defectuosa», así como cualquier aspecto de la obra que se considere relevante. También se inspeccionará si se cumplen las condiciones de la declaración de impacto ambiental.

Todos estos aspectos deberán ser recogidos en un informe que la consultora debe elaborar cada mes, en el que se detallará las fechas de ejecución previstas inicialmente, el estado actual de cada tajo y la previsión de finalización de los trabajos. Aunque está concesionada hasta el 2048, la AP-9 es una infraestructura considerada de interés general, de ahí que Fomento pretenda realizar un férreo marcaje a unas obras muy relevantes para Galicia.

Los consultores también deberán elaborar un informe crítico cuando las constructoras decidan modificar distintos aspectos del proyecto. Se prestará especial atención a la justificación de los cambios y a sus repercusiones presupuestarias. También si afectan a nuevos servicios y servidumbres o si se siguen las directrices de la declaración de impacto ambiental.

La empresa adjudicataria de estas labores de supervisión y vigilancia deberá elaborar un informe final sobre los dos proyectos una vez terminadas las obras. El plazo para la ejecución de estos trabajos es de dos años.

El contrato de supervisión se adjudicará dos años después del inicio de las obras

Uno de los aspectos que más llama la atención del contrato que acaba de licitar la Dirección General de Carreteras es que no se haya puesto en marcha una vez iniciadas las obras -oficialmente comenzaron con un acto político el 27 de febrero del 2015-, tal y como suele hacerse con los proyectos que ejecuta directamente el ministerio o las empresas públicas que dependen de este departamento. El contrato, además, estaba previsto inicialmente para la fase de la elaboración de los proyectos, pues incluye un apartado en el que se detallan los informes bimensuales que deberían realizarse al respecto.

El pliego está firmado por el responsable de Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia y el ingeniero inspector de las obras el 6 de marzo del 2015 y fue aprobado por la Abogacía del Estado el 13 de mayo de este año. Pero el anuncio de su licitación no se publicó en el BOE hasta el pasado día 11, año y medio después de su elaboración. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 21 de noviembre y la apertura de las ofertas no se llevará a cabo hasta el 23 de enero. El contrato de vigilancia, por tanto, no se adjudicará definitivamente hasta, como mínimo, febrero del año que viene. La paradoja es que la vigilancia comenzará el año en que la concesionaria tiene previsto terminar las obras.

Menos optimismo

No obstante, parece que los técnicos del Ministerio de Fomento no son tan optimistas como los de Audasa respecto a la finalización de los trabajos, especialmente en Rande. De hecho, dan un plazo de 24 meses para el contrato de vigilancia de obras y la partida más abultada -el contrato sale a contratación por 1.065.788,45 euros con IVA- es la del año 2018. Para el ejercicio siguiente también hay prevista una anualidad.

Además del ingeniero de Fomento que habitualmente inspecciona las obras en la AP-9, el equipo supervisor contará con un jefe de unidad -que debe ser ingeniero de Caminos-, dos ingenieros técnicos de Obras Públicas, dos especializados en topografía, dos auxiliares técnicos de obra y un auxiliar administrativo.