Feijoo: «É un erro que o Goberno de España non nos transfira a AP-9»

M. Cheda SANTIAGO

GALICIA

Marco Gundín

El presidente de la Xunta insiste en pedir para su Administración el mando de la autopista del Atlántico y revela que el Ejecutivo central aprecia dificultades legales para pedir una nueva investigación sobre Angrois

15 jul 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

No es el popular un partido muy de versos sueltos. Ni siquiera de cargos con discurso discrepante. Se cuentan rápido las excepciones a la regla. Una de ellas la constituye Alberto Núñez Feijoo, quien en ocasiones disiente públicamente de postulados y actuaciones tanto de la dirección nacional del PP como del Ejecutivo de Mariano Rajoy. El jueves fue una de esas veces. A tres meses de las elecciones autonómicas, marcó claramente distancias con Madrid y, de nuevo, reivindicó con ahínco el traspaso, de la Administración central a la gallega, de las competencias sobre la autopista del Atlántico. Una demanda que la ministra de Fomento, su compañera de militancia Ana Pastor, se ha negado a atender hasta el momento.

«Non o podo dicir máis veces. Non vou cambiar nin de criterio nin de postura. Creo que é un erro que o Goberno de España non atenda unha proposta razoable e razoada», espetó en alusión a la petición de transferir a la Xunta el control de la gestión de la AP-9. Y apostilló: «Mentres eu sexa presidente, seguirei solicitando a transferencia da autoestrada. Veremos agora se no novo ciclo político isto é máis factible». Con el ánimo de reforzar sus argumentos, el líder del PPdeG incluso echó mano del agravio territorial comparativo. «É certo que non ultimamente», pero se han dado en el País Vasco y en Cataluña, adujo, casos de operaciones como la que ahora exige él para esta comunidad.

En rueda de prensa tras la reunión semanal de su Gabinete, el mandatario popular esgrimió también entre sus razones el posicionamiento en este frente de los partidos que conforman el Parlamento de Galicia, inusualmente coincidente. «Alégrome -dijo- de que haxa unanimidade ao respecto. Penso que esa unanimidade ten que ter un valor». «A nosa é unha postura clara dende o principio. [...] Pensamos, e seguimos pensando, e cada vez que pasa o tempo con maior intensidade, que esa autoestrada pode e debería ser xestionada pola comunidade autónoma», apostilló. Ello permitiría, según fuentes de su Gobierno, velar mejor por la calidad del servicio y negociar la implantación de nuevas bonificaciones para usuarios habituales, de posibles rebajas de peajes en algunos tramos y de tarifas por horas.

Feijoo no solo alegó en positivo, sino en negativo igualmente. Dedicó tiempo en su intervención a intentar tumbar la excusa a la que Pastor suele recurrir cada vez que le toca pronunciarse sobre este asunto: la AP-9 une España con territorio extranjero y, por tanto, no puede depender de ninguna comunidad, sino del Estado. «É evidente -objetó contra ese razonamiento- que a autoestrada non remata en Portugal, senón nunha autovía da que non pedimos a transferencia. A AP-9 nace en Galicia e finaliza en terras galegas. A poucos quilómetros de Portugal, pero en terras galegas».

Implícitamente, el presidente se refirió además a la pretensión de Globalvía de adquirir Itínere, la matriz de Audasa, concesionaria de la vía. «Imos estar atentos. [...] Precisamos que o concesionario sexan empresas solventes, que garantan os estándares de calidade e que, indiscutiblemente, executen as obras [de ampliación] previstas», advirtió.

Revela que Ana Pastor ve dificultades legales para investigar de nuevo Angrois

El PPdeG modificó parcialmente esta semana su discurso acerca de la tragedia de Angrois. Conocido el dictamen de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA, en sus siglas en inglés) que cuestiona las indagaciones sobre el siniestro realizadas por la española CIAF, comenzó a reclamar a la Administración central que encargue una segunda investigación acerca del accidente, esta totalmente independiente e irrefutable. Dicha demanda, no obstante, podría caer en saco roto. Porque Alberto Núñez Feijoo reveló que Ana Pastor, en conversación telefónica, le ha trasladado «unha serie de dificultades legais» para que el Gobierno de Mariano Rajoy pueda encomendar el informe anhelado. Además, el presidente de la Xunta eximió tanto a la actual ministra de Fomento como al anterior, José Blanco (PSOE), de responsabilidades en la catástrofe. Entretanto, el BNG anunció que, a raíz del fallo de la ERA, denunciará al Estado español ante Bruselas.