Una alegación del Gobierno español retrasó la decisión de publicar el informe de la UE sobre el Alvia
GALICIA
Un correo electrónico a las víctimas demuestra las presiones del Ejecutivo de Rajoy para que no se haga público
21 jun 2016 . Actualizado a las 16:54 h.Una alegación de última hora del Gobierno español propició que la Comisión Europea retrasara hasta después de las elecciones la decisión sobre si hace público o no el informe de la Agencia Ferroviaria Europea sobre el accidente del Alvia, a su vez incluido en el procedimiento de infracción contra España -ya cerrado- por incumplir las directivas comunitarias en materia de seguridad ferroviaria. Esta es la conclusión que se desprende del intercambio de correos entre el director ejecutivo de la Agencia, Josef Doppelbauer, y la Plataforma de víctimas del Alvia, a quienes se dirigía para ver si estaban conformes con la extensión del plazo para tomar la decisión, que ahora se demora hasta el 8 de julio. Doppelbauer explica que el presidente de la sección administrativa de la Agencia, Mats Andersson, le comunicó «que necesitaba ampliar el plazo para tomar en consideración una última alegación legal presentada por España».
El correo electrónico del director ejecutivo refleja el interés del Gobierno español en que no se haga público el documento según las normas de transparencia de la Unión Europea. En un principio el propio presidente de la Agencia mostró sus dudas ante otras alegaciones que anticipaban una influencia negativa del informe en el proceso judicial que se sigue en España. El informe contiene distintas apreciaciones sobre la falta de independencia de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que aportó su informe en el juzgado aunque el instructor no lo tuvo en cuenta en sus conclusiones al considerar que la composición de este organismo no garantizaba su independencia.
El director ejecutivo, responsable ahora de tomar la decisión tras inhibirse el presidente, explica a las víctimas que «sería un error por mi parte» aprobar la publicación del informe «sin asesorarme legalmente sobre esta nueva alegación», por lo que les pide que acepten el nuevo plazo del que ya habían informado a la portavoz del BNG en Bruselas, Ana Miranda. Recuerda además que en determinados casos no se pueden aplicar las disposiciones de transparencia sobre documentos comunitarios, dando a entender que existe la posibilidad de que nunca se revele su contenido.
El presidente de la Plataforma, Jesús Domínguez, cree que es "evidente" el interés del Gobierno de Rajoy en que no se haga público el informe. En su respuesta, la Plataforma expresa su decepción por el retraso y culpa al Ejecutivo español de intentar bloquear la revelación del informe. En cualquier caso, aceptan el retraso en la toma de la decisión, aunque recuerdan que su publicación está respaldada por 280.000 firmas.