A partir del 2017 volverán a recibir la nómina extraordinaria sin ningún recorte
03 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Negociar en época electoral con la Administración autonómica le sienta bien a los sindicatos de la función púbica. Ayer cerraron un acuerdo con la Consellería de Facenda que ya se preveía rápido y cuyo resultado ha sido celebrados por los sindicatos CSI-F, CC.OO. y UGT, al contrario que la CIG, que no firmó el documento. En esencia, el texto dice que los funcionarios recibirán antes de que termine este año la parte proporcional de la paga extra del 2013 correspondiente a los meses de enero y febrero, que ya estaba devengada cuando entraron en vigor los presupuestos de la Xunta de ese ejercicio -el 1 de marzo- en los que se recogía el recorte en la nómina de cada trabajador.
Facenda tenía previsto destinar los 25 millones de euros que cuesta la reposición de esta parte de la extra -una media de 180 euros por trabajador público- en dos plazos, entre este año y el siguiente. Ahora recibirán la cantidad en un solo pago en este ejercicio y al hacerlo a través de un trámite legislativo ahorrará a los funcionarios tener que reclamar individualmente por vía judicial o realizar una declaración complementaria de la renta del 2013. La medida se extenderá al personal funcionario autonómico, personal laboral, estatutario de la sanidad, docente y no docente de enseñanza (también universidades y centros concertados) y a empleados de los llamados chiringuitos públicos.
Recortes desde el 2013
La negociación dejó por escrito la intención ya conocida de la Xunta de que los funcionarios recuperen en el 2017 el 100 % del montante de las pagas extraordinarias, algo que no ocurría desde marzo del 2013. Desde entonces y en los tres años posteriores el Gobierno dejó de abonar a sus trabajadores el complemento específico de la paga extraordinaria, que supone un 40 % del total.
También se alcanzó el compromiso de tener en cuenta el régimen especial de los empleados de justicia y a los de enseñanza concertada para que la forma de pago se adapte a su régimen retributivo.
El sindicato CSI-F lamentó la negativa de la CIG de sumarse a este acuerdo por considerar que «usa a los empleados públicos de manera partidista en guerras electorales». Mientras, la central nacionalista justifica su postura porque entiende que la Xunta llega obligada «despois de moitas sentencias en contra».
Un «punto e aparte» en la rehabilitación de los derechos de los trabajadores
Los empleados públicos suman así la tercera noticia positiva para sus intereses en lo que va de año. El 1 de enero entró en vigor una subida del 1 % tras años de congelación y un recorte del 5 %. Además, Facenda está devolviendo una media de 792 euros en abril y septiembre correspondientes a la mitad de la paga extra retirada en el 2012. El último acuerdo tiene que ser para UGT «un punto e aparte» para iniciar otro proceso de negociación que continúe con la recuperación de derechos retributivos y laborales. CC. OO., por su parte, sostiene que los recortes del último lustro fueron aplicados «inxustamente» y califica la posición de la Xunta como una «rectificación». La CIG advirtió que solo va a negociar textos que recojan la reintegración de todos los recortes desde el 2013.