Bruselas abre la puerta a publicar el informe sobre la investigación del Alvia
GALICIA
La Comisión no quiere que el expediente a España, ya cerrado, afecte a la causa judicial
01 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Entre el «no» rotundo y el «puede» solo pasaron 24 horas. Es el tiempo que tardó la Comisión Europea en desdecirse y abrir la puerta a la posible publicación del informe elaborado por la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) sobre la investigación del accidente del Alvia, que se cobró la vida de 80 personas el 24 de julio del 2013. El documento sigue secuestrado por el Ejecutivo comunitario a pesar del clamor público y la indignación de la Plataforma de víctimas, que espera desde el pasado mes de noviembre a que Bruselas cumpla con su promesa de arrojar luz sobre las sombras que han rodeado todo el proceso, trufado de irregularidades. Las presiones del Gobierno español han obstaculizado el trabajo y fuentes comunitarias admiten que la situación es muy incómoda.
¿A qué se debe este giro de los acontecimientos? Según ha podido saber este diario, Bruselas cerró el pasado jueves y sin previo ni posterior aviso el expediente abierto contra España poco antes del accidente de Angrois por incumplir la normativa europea en materia de seguridad ferroviaria e independencia de los cuerpos de investigación de accidentes como la CIAF, bajo el paraguas administrativo del Ministerio de Fomento y con consejeros que trabajaron en el ADIF y Renfe. «Las deficiencias que habíamos detectado han sido abordadas», explicó ayer el portavoz europeo, Jakub Adamowicz, quien justificaba la retención del informe argumentando que su publicación podía dificultar el cierre de ese expediente.
Con el procedimiento cerrado, Bruselas ya no dispone de más excusas para aplazar su difusión. «Existe un cambio de posición, las posibilidades ahora de que el documento vea la luz son menos abstractas», reconocen en privado fuentes de Bruselas. «Estamos analizando si se cumplen las condiciones necesarias para difundir el informe», aseguran.
El Ejecutivo comunitario se encuentra ante un dilema. Teme que el documento interfiera en el proceso judicial, recientemente reabierto y que probablemente se prolongará al menos durante 18 meses tras pedir el fiscal que sea declarado causa compleja: «No queremos que sea un elemento distorsionador».
La noticia sorprendía ayer a la plataforma de víctimas en Madrid, a donde acudieron para exigir ante las sedes comunitarias la publicación del informe. La portavoz del BNG para la UE, Ana Miranda, pidió su «inmediata» difusión: «Hai unha forte presión para que ese informe non se desclasifique porque de facerse público pode ter consecuencias legais, máis despois da reapertura», señaló antes de anunciar un segundo encuentro con el director de Movilidad de la Comisión, Olivier Onidi.
Incógnitas
Persisten todavía muchos interrogantes. Bruselas no aclara por qué cierra el expediente a España si la CIAF sigue bajo tutela del Ministerio de Fomento, algo que prohíbe la legislación europea: «Consideramos que se han adoptado acciones para fortalecer su independencia», asegura Adamowicz, quien advierte de que se puede abrir un nuevo expediente si el Gobierno español vuelve a incumplir la ley.
Otra duda que sobrevuela concierne al calendario de publicación. Independientemente de cuándo se adopte la decisión, Bruselas busca una fecha poco problemática, alejada de las elecciones generales para la publicación. Fuentes de Bruselas aseguran que podría llegar incluso tras el cierre del proceso judicial.
Las víctimas presionan con 270.000 firmas y ven falta de independencia en las pesquisas
La Plataforma Víctimas Alvia 04155 presentó ayer en la sede de la Comisión Europea en Madrid las más de 270.000 firmas que han recogido a través de la plataforma Change.org para que la institución europea haga público el informe de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA). Además, denunciaron la «falta de independencia» de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).
Los portavoces de la asociación, Cristina Liras, Rogelio Bernardo, Javier García Municio y Laura del Moral, acompañados por otros afectados y la portavoz del BNG en el Parlamento Europeo, Ana Miranda, se concentraron en la puerta de la sede de la Comisión Europea en Madrid con una pancarta. Liras y Bernardo -que fue quien tuvo la iniciativa de recoger los apoyos- han sido los encargados de entregar dos urnas de cartón en las que se han depositado las 270.000 firmas recogidas desde el pasado 17 de mayo a través de Change.org para que la Comisión haga público su informe, al que se comprometió en noviembre de 2015, cuando representantes de la Plataforma viajaron a Bruselas para reunirse con altos cargos de las instituciones europeas.
«En realidad las víctimas no sabemos muy bien las causas de lo que sucedió y queríamos ver si ellos nos hacían un informe y nos podían aclarar algo», explicó Rogelio Bernardo, padre de uno de uno de los ochenta fallecidos. «Nos dijeron que nos mandarían un informe el primer trimestre del año y ahora dicen que no».
Otro de los portavoces, Javier García Municio- también perdió a su hijo de 27 años en el accidente-, recordó que, desde el año 2012, España está sancionada por la «falta de independencia» de la CIAF, el organismo investigador de accidentes ferroviarios. El portavoz lamentó que la investigación de la «tragedia» del Alvia la haya llevado a cabo un «equipo que no es independiente» porque lo conforman «las dos empresas [el ADIF y Renfe] implicadas en el accidente».