Los fiscales reciben miles de causas para revisar antes del lunes y evitar su cierre
GALICIA
Critican la entrada masiva en las últimas horas de asuntos procedentes de los juzgados
31 may 2016 . Actualizado a las 05:00 h.A menos de seis días de que se termine el plazo que marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para cerrar las instrucciones judiciales que estaban abiertas antes del 6 de diciembre, fiscales de toda España están recibiendo en las últimas horas miles de asuntos que hasta ahora no les habían sido notificados. «Solo en la Fiscalía de Santiago hemos recibido durante la mañana de hoy [por ayer] centenares de asuntos que estaban en los juzgados», aseguró Álvaro García Ortiz, presidente de la Unión Progresista de Fiscales. Dice que «es un escándalo», y cree que la avalancha de asuntos enviada desde los juzgados en las últimas horas responde a una estrategia: «Los secretarios judiciales tienen orden de enviar todas las causas a las fiscalías para dar el dato de que ellos no las tienen y que la culpa sea de los fiscales» por no cumplir los plazos de la ley.
Los fiscales tienen que revisar antes del 6 de junio miles de causas que están en fase de instrucción. Son miles porque no hay un dato fiable. Los fiscales aseguran que en diciembre había cerca de 600.000 asuntos penales pendientes de revisión, mientras que Justicia rebaja esa cifra a 346.000 casos, aunque el propio ministro reconoció públicamente que no conocía el número exacto de causas a revisar porque no existe en la Justicia española un sistema común de gestión de la información. «Utilizamos canales distintos. Hay aplicaciones y sistemas de gestión procesal diferentes en la Administración de Justicia y en las fiscalías, y podemos tener incluso datos discrepantes, como se ha puesto de manifiesto», reconoció Catalá en pleno conflicto entre los fiscales y los secretarios judiciales por la transmisión de la información de los casos abiertos.
Los fiscales acusan a los secretarios judiciales de haberles estado ocultando asuntos. La fiscala general del Estado, Consuelo Madrigal, llegó a advertir: «Los fiscales no respondemos de las causas a las que no hayamos tenido acceso». No piensan lo mismo los secretarios judiciales, que aseguran que se notifican todos los autos de incoación (apertura) de los casos, y sostienen que la Fiscalía debería tener su propio expediente para llevar el control de las causas penales en las que intervienen.
La semana pasada, el ministro ordenó a los secretarios judiciales que le enviasen listados con los asuntos que están pendientes de revisar. Le han remitido ya dos remesas, y esta semana le llegarán otras dos.
El límite de seis meses
Desde diciembre del año pasado, el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija en seis meses el límite para las instrucciones judiciales. Ese plazo puede extenderse a 18 meses, que pueden ser prorrogados por igual plazo, si la causa es declarada compleja. La ley concede a los fiscales la competencia para solicitar esa complejidad tras examinar los asuntos y ver si cumplen los requisitos para tener el plazo de 18 meses. La complejidad solo puede ser pedida antes de que se cumplan los seis meses de instrucción. Después ya no se puede investigar más.
«No es tan fácil que los fiscales sean los instructores, hay que cambiar la ley»
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo ayer en Jerez de la Frontera que se necesita una reforma de la ley para que los fiscales sean los instructores de las causas, por lo que «no es tan fácil», ya que «hay que cambiar todo nuestro modelo de organización, las competencias de los fiscales, el estatuto orgánico o las plantillas de jueces y fiscales». Pese a todo, antes de participar en la IV edición de las Tribunas Populares de Jerez de la Frontera, Catalá recordó que en el programa del PP está planteada la «conveniencia de otorgar un mayor papel a los fiscales en la instrucción de las causas» y señaló que «es un modelo muy habitual en otros países de Europa». En la próxima legislatura, «si tenemos la oportunidad de gobernar, avanzaremos en esa dirección», aunque se requerirán «tiempos largos y una entrada en vigor dilatada en el tiempo».