«La gente empieza a pagarla con el prójimo en vez de enfadarse con el Gobierno»

Pedro García Otero CARACAS / CORRESPONSAL

GALICIA

JUAN BARRETO | AFP

Una gallega de O Porriño narra cómo el «colectivo» La Piedrita impone su ley en el bastión chavista del 23 de Enero, donde reside

30 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Amalia Ferreiro prefiere que no se publique su nombre real. Tiene miedo. Reside, desde hace un año, en el barrio El Observatorio del 23 de Enero, un bastión del chavismo donde la única autoridad la ejerce el colectivo La Piedrita, una organización paramilitar que mantiene a los habitantes a raya. Amalia tiene 48 años, su padre, de O Porriño, y su madre, de Os Vilares, se conocieron en Caracas. En este fortín chavista -donde, sin embargo, el Gobierno perdió las últimas elecciones- «hay hambre, hay miedo y la gente, en vez de molestarse con el Gobierno, comienza a pagar su rabia contra el prójimo», según Amalia.

Cuando tuvo que mudarse de dónde vivía y el dinero que le quedó después de vender todo solo le alcanzaba para mudarse a este barrio de viviendas sociales, sus vecinos le dieron una bienvenida inequívoca: le advirtieron de que «tuviera cuidado de las cosas que ponía en Facebook y en Twitter, y que se cuidara de dar sus opiniones políticas». «Yo lo hice, porque tengo solo un hijo y está pequeño. Sigo colocando mis cosas, pero con más prudencia», dice con temor. Hace pocos días, recuerda, los colectivos golpearon gravemente a una joven de la zona porque, mientras hacía la cola para comprar dijo molesta que «iba a quemar el Mercal» (el hipermercado estatal).

Narró cómo «le dieron como trece cachazos y nadie podía hacer nada por ayudarla, porque los de los colectivos que cuidaban la cola apuntaban a los que querían meterse [?]. Casi la mataron». «Nosotros estamos tranquilos, aquí no hay delincuencia ni drogas, pero es porque La Piedrita tiene el control [?], pero en la zona alta se escuchan a cada rato tiros, ráfagas de ametralladoras y hasta granadas, y los asesinatos son los ajustes de cuentas», añade.

Desde que vio cómo agredían a la joven, Amalia inició los trámites para retornar a España, «más que por mí, por mi hijo. Nosotros no estamos tan mal, aquí se consiguen las cosas: aceite, harina de maíz, azúcar, leche... en las bodeguitas [pequeños abastos privados], pero hay gente que está pasando verdadera hambre, verdadera necesidad».

Las cosas han empeorado desde que el chavismo perdió las elecciones: «Comenzaron los colectivos a pasar con megáfonos, a gritarle a la gente traidora, a decirle que les habían fallado. A los que les dieron taxis del Gobierno (que compró 1.000 vehículos chinos para promover a los candidatos del oficialismo en la campaña) los amenazaron con quitárselos. Hay mucho miedo, pero también mucha rabia y hambre, y la gente cada vez expresa sus opiniones políticas más abiertamente, a pesar de que las amenazas son también, cada vez, más frecuentes».

Más de un millón y medio de firmas en 48 horas para el revocatorio de Maduro

En Venezuela, cuando una crisis toca fondo se dice: «Llegamos al llegadero». ¿Cuál es el llegadero para la insostenible situación del país? Muchos dicen que se verá la semana que viene, cuando, por culpa de la inusual sequía, pero también del despilfarro y la corrupción que dejaron inconclusas las obras de nuevas plantas hidroeléctricas, todo el país puede verse sometido a apagones de 12 horas diarias.

La próxima semana será crítica. Miguel Lara, exdirector de la Opsis, oficina que regula el sistema eléctrico, declaró que «los decretos para salvar la generación hidroeléctrica llegaron tarde» y que, si las lluvias no llegan pronto, el sistema eléctrico colapsará. Con lo que se ha gastado desde el 2009 en un plan especial para elevar la generación termoeléctrica (unos 60.000 millones de dólares), «se hubiera podido construir de nuevo todo el sistema eléctrico», según Lara. En cambio, la crisis es hoy peor que hace siete años.

Henri Falcón, gobernador del estado de Lara, cree que la única válvula de escape para la presión social es el referendo para revocar al presidente, Nicolás Maduro, para el que, esta semana, la oposición inició la primera fase de recogida de firmas. Bastaban 197.000 -posteriormente, casi 4 millones- y en menos de 48 horas, logró captar más de 1,5 millones. El líder opositor Henrique Capriles pidió que se suspenda ya el proceso de recolección, «porque no necesitamos más firmas. Si seguimos, más bien vamos a colapsar nuestro proceso».

EE.UU. prolonga las sanciones

Nicolás Maduro se radicaliza ante la crisis. Afirmó que desacataría la moción de censura del Parlamento que pedía la destitución de su ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres (general del Ejército que hasta hace poco era titular de Finanzas), a pesar de que la Constitución prevé que el 60 % de la Asamblea Nacional puede deponer ministros. Maduro amenazó con emitir un «decreto especial de emergencia» para «evitar actos de sabotaje y destitución de ministros» .

El Senado de Estados Unidos aprobó el viernes ampliar hasta el 2019 la ley que retira los visados y congela los activos en territorio norteamericano de algunos de los miembros del Ejecutivo de Maduro, así como a otros que lo fueron pero ya no ocupan cargos. El texto aún tiene que ser aprobado por la Cámara de Representantes y firmado por Barack Obama, pero todo apunta a que no sufrirá ningún escollo. El Gobierno venezolano rechazó este «ejercicio unilateral, ilegítimo y extraterritorial [...] que constituye una violación flagrante del derecho internacional» y Maduro convocó, en respuesta, una marcha en repudio «al imperialismo gringo y decadente de Madrid» para el domingo en Caracas.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro declaró que a Maduro «le conviene una salida política, porque los tiempos de la crisis son mucho más rápidos que los del referendo [?] y podemos vernos en la necesidad de un Gobierno de salvación nacional para evitar una guerra civil».