Ese posible recorte de plazas afecta a las categorías de conductor de autobomba, vigilante, emisorista, peón, peón-conductor, auxiliar de enfermería y camarero-limpiador
23 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La decisión del sindicato CIG de interponer un conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) contra el acuerdo que el 22 de febrero pasado suscribieron la Consellería de Facenda y las otras tres centrales con presencia en los órganos de representación (CC.OO., CSIF y UGT) puede poner en peligro al menos 266 plazas para personal laboral ofertadas para este año, al pasar de 506 a 240, tanto de turno libre como de promoción interna. Ese posible recorte de plazas afecta a las categorías de conductor de autobomba, vigilante, emisorista, peón, peón-conductor, auxiliar de enfermería y camarero-limpiador.
Los tres sindicatos que firmaron ese acuerdo acusaron ayer a la CIG de «romper a unidade sindical», al denunciar ante el TSXG «só por motivos políticos un acordo positivo para os traballadores públicos». En la misma línea, Facenda consideró «insólito» que la central nacionalista acuda a la vía judicial para denunciar «un acordo que favorece aos traballadores» y que, destaca la consellería, permitió duplicar las plazas de empleo público para personal laboral, lo que contribuyó a elevar la oferta inicial en el ámbito de la Administración general de 448 a 714 vacantes.
Reclaman una extra del 2013
Por otra parte, la CIG reclamó ayer a la Xunta que acate las sentencias judiciales que le obligan a abonar la parte de la extra de junio del 2013 que los trabajadores ya habían devengado hasta el 1 de marzo de ese año, cuando se hizo efectiva la retirada del complemento específico que sigue vigente desde entonces en esas pagas. Su recorte implica una merma media del 4 % en la retribución anual de 95.000 empleados.