La nueva ley da un año y medio más a De Lara para continuar instruyendo el caso Pokémon

José Manuel Pan
josé manuel pan REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Carlos Castro

La Fiscalía califica como compleja la investigación judicial, iniciada hace ya cinco años en Lugo

13 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

La jueza Pilar de Lara dispondrá de al menos un año y medio más de tiempo para continuar con la instrucción de la operación Pokémon, el caso con más imputados de Galicia. Ese plazo (18 meses) es el que concede la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para los casos que la Fiscalía califica como complejos tras la reforma legislativa, que establece un límite genérico de seis meses para la instrucción de todas las causas penales, excepto para las investigaciones que cumplan los requisitos para ser declarados complejas. Y la Pokémon lo es al menos por tres de los siete motivos que fija la ley para conceder esa prórroga en la instrucción: involucra a gran cantidad de investigados (aquí hay más de un centenar), hay numerosos hechos punibles (tráfico de influencias, prevaricación y cohecho, entre otros delitos) y exige la realización de pericias y colaboraciones que implican el examen de abundante documentación para su análisis.

En junio, los fiscales gallegos tienen que haber revisado más de 35.000 casos en período de instrucción iniciados antes de diciembre del año pasado, cuando entró en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Revisarlos para poder calificarlos como causas simples (seis meses de instrucción) o complejas (18 meses prorrogables). Y respecto a la Pokémon la Fiscalía no tiene dudas y ha pedido la declaración de causa compleja. Eso significa un año y medio más de margen para las investigaciones iniciadas en el año 2011 por la jueza De Lara desde el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo con las diligencias número 972. Desde entonces se han sucedido las imputaciones, las citaciones, las declaraciones, los pinchazos telefónicos, las detenciones... Su juzgado ha sido en esos cinco años un ir y venir de políticos, funcionarios y empresarios, unos esposados y otros no, pero todos preocupados por las repercusiones de la citación de la magistrada. Las investigaciones de la jueza De Lara han dado al traste con carreras políticas. Las imputaciones (llamadas investigaciones por la nueva ley) han terminado con alcaldes, concejales y diputados. Han caído como consecuencia de su aparición en las investigaciones de Vigilancia Aduanera, del análisis de los documentos incautados en miles de registros en domicilios y empresas y de las comprometidas grabaciones telefónicas y seguimientos realizados en ese tiempo.

Un juzgado abierto

El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo sigue abierto, como lo están sus investigaciones. En las últimas semanas han pasado por el despacho judicial políticos de Asturias, pero en estos cinco años lo han hecho catalanes y gallegos de las cuatro provincias. Y la jueza dispone ahora de un colchón de tiempo para indagar en las piezas de la Pokémon, excepto en la que afecta a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Fuentes de la Fiscalía indicaron que la petición de la prórroga de 18 meses afecta a toda la operación Pokémon, menos a esa pieza, una de las primeras en iniciarse, porque tendrá que cerrarse antes de junio.

Los fiscales revisan 35.000 causas penales

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) entró en vigor a principios del pasado mes de diciembre. Entonces se puso el contador a cero para millones de instrucciones judiciales que estaban en marcha en toda España y que desde ese momento pasarían a tener un límite para su conclusión: 6 o 18 meses. Pero antes, esas instrucciones tendrían que ser revisadas por los fiscales. En el caso de Galicia, los representantes del ministerio público tenían por delante el trabajo de examinar más de 35.000 causas penales que se encuentran en fase de instrucción. Y no es un trabajo exclusivo porque los fiscales tienen que hacerse cargo de los asuntos que van entrando cada día. Las fuentes consultadas por La Voz muestran su convencimiento de que los casos serán revisados en el plazo previsto, que finaliza en la primera semana de junio.