Al medio centenar de investigados, la jueza suma a la jefa de Traballo en Vigo y a un constructor de Poio
12 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La instrucción de la operación Patos, abierta por la existencia de una supuesta trama de corrupción en seis ayuntamientos gallegos y otras tres instituciones públicas en la adjudicación de obras y servicios, superará los dos años y medio de instrucción al sumar la jueza encargada del caso dos nuevas imputaciones al medio centenar de personas calificadas como investigadas y reclamar además la declaración de 16 nuevos testigos que pasarán por el juzgado de instrucción 7 de Vigo hasta el próximo 30 de junio.
A petición de la Fiscalía, la jueza ha decidido imputar ahora a la jefa territorial de la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta en Vigo, María Rita Peón, al relacionarla con la recolocación laboral de un funcionario imputado también en la causa, y la adjudicación de obras puestas en tela de juicio en Vigo, Vilagarcía y Nigrán y otras menores encargadas a dos constructoras más.
El fiscal señala en su petición de imputación atendida por la jueza Carmen García Campos que la alto cargo de Traballo debe de ser investigada «á vista de que tódolos interrogados ó respecto lle atribúen capacidade decisoria efectiva e unha intervención determinante nestes asuntos».
La operación Patos, que se levantó tras haber denunciado la existencia de una supuesta trama de adjudicaciones irregulares un exsocio del considerado cerebro del caso, añade a su lista de imputados también al empresario de Poio Alberto Torres, de la firma Ediserpo, en relación a una serie de presupuestos entregados para diversos contratos públicos, mientras que otra imputación reclamada por el ministerio público se deja sin efecto al fallecer el responsable de la empresa Aldasa implicado por la Fiscalía.
Tras declarar los dos nuevos investigados, tendrán que pasar por el juzgado vigués otras 16 personas durante todo el mes de junio en calidad de testigos. Entre ellos figuran la alcaldesa de Moraña, María Luisa Piñeiro; dos responsables de la Consellería de Traballo en Vigo y la exdelegada provincial de Industria, Carmen Bianchi; diversos altos cargos de la Diputación de Pontevedra y la Autoridad portuaria de Vigo; el presidente del Coruxo Fútbol Club, de Segunda B, y cinco empresarios y empleados de diversas sociedades.
Deja sin contestar la jueza que instruye el caso desde el 2014, la petición hecha por el ministerio público para declarar como compleja la causa, circunstancia que permitiría prolongar la instrucción hasta junio del 2017. La validez legal de las escuchas en las que se fundamentan varias imputaciones están siendo analizadas por la Audiencia Provincial.