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Galicia reclamará unida ante el Congreso el traspaso de la titularidad de la AP-9

Los diputados Jesús Goldar, Raúl Fernández y Ana Pontón viajará a Madrid para defender la iniciativa aprobada por unanimidad en el Parlamento

Santiago, 16 de marzo de 2016. Actualizado a las 05:00 h. 15

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Votación de la proposición de ley para pedir la transferencia de la AP-9

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Las cabinas de la Autopista del Atlántico recaudan cada día más de 300.000 euros en peajes, cuyos beneficios van a parar a manos de Corsair Capital, el fondo de inversión estadounidense que controla la sociedad que gestiona la AP-9 sin que la Administración autonómica disponga de margen alguno para influir en la política de tarifas y de bonificaciones. Y eso es algo que se pretende modificar con el acuerdo que ayer ratificaron todas las fuerzas políticas en el Parlamento gallego, que consiste en pedir conjuntamente el traspaso de la titularidad de la AP-9 a la Xunta como vía para acabar con lo que la diputada nacionalista Ana Pontón, autora de la iniciativa, definió como el «símbolo do agravio aos galegos».

La proposición de ley aprobada ayer en O Hórreo con el fin de remitirla al Congreso de los Diputados para su debate nació hace más de un año. Fue en febrero del 2015 cuando el BNG registró un texto legislativo de solo dos artículos y cinco disposiciones adicionales para reclamar la transferencia de la titularidad de la AP-9, que está en manos del Ministerio de Fomento, así como la cesión de todos los servicios y medios materiales y presupuestarios que lleva aparejados.

El Bloque tiró de calculadora para hacer sus propias cuentas y valoró que cuando remate la concesión de la AP-9, en el año 2048, los gallegos habrán pagado por su uso cuatro veces el coste de esta infraestructura. Ana Pontón hizo suya la estimación de Audasa, la filial de Itínere que gestiona la autopista, para remarcar que en su construcción se invirtieron 1.428 millones de euros. Añadió que desde su puesta en servicio, en abril de 1979, la adjudicataria ingresó 2.257 millones de euros en peajes, a los que sumará 4.200 millones más hasta el 2.048. «É unha estafa», insistió Pontón, quien llamó a los demás grupos a ponerle coto a la política de «peaxes abusivas».

Los portazos anteriores

Todos los grupos respaldaron la petición nacionalista e hicieron votos para que el Gobierno central no le vuelva a dar un portazo a la reclamación de esta transferencia. El diputado popular Jesús Goldar se encargó de refrescarle la memoria a quienes intervinieron en el debate al poner de relieve que no era la primera vez que desde Galicia se reclama el traspaso de la AP-9.

En enero del 2009, tres meses antes de que Alberto Núñez Feijoo accediera a la presidencia de la Xunta, incorporó esta demanda a su programa, al igual que la petición del traspaso de los tres aeropuertos gallegos. Tras instalarse en Monte Pío, trasladó la demanda al ministro de Fomento, que por entonces era el socialista José Blanco, quien cerró el debate de un plumazo. «Pediuse o traspaso en febreiro do 2010 e a baixa da AP-9 da Rede Nacional de Autoestradas», rememoró Goldar, antes de insistir que el Gobierno central fundamentó entonces su negativa a autorizar la transferencia en elementos como que la Autopista del Atlántico era una vía internacional, que enlaza con Portugal, o que comunica puertos y aeropuertos del Estado.

«Nós pensamos que podemos xestionala mellor», insistió el representante del PP, que se mostró contrario a la política de peajes aplicada en la AP-9, al igual que hicieron con mayor vehemencia los demás grupos. Juan Fajardo, de AGE, dijo que era más barato viajar desde A Coruña a Fráncfort (Alemania) en una aerolínea de bajo coste que circular por la AP-9 entre Tui y la ciudad herculina, pues supone un peaje de 14,95 euros. El socialista Raúl Fernández defendió que esta infraestructura «ten que estar ao servizo dos galegos e non doutros intereses a costa dos galegos», y Mónica Fernández (Grupo Mixto) se unió a la demanda conjunta tras lamentar que desde el 2011, cuando se aplicó la gran subida de peajes, no hubiera ninguna iniciativa sólida para rebajarlos.

Tres diputados, de PP, PSdeG y BNG, llevarán la petición a Madrid

Junto a la aprobación de la proposición de ley que se remitirá al Congreso de los Diputados para defender la transferencia de la titularidad de la AP-9 a la Xunta, el pleno del Parlamento gallego también se puso ayer de acuerdo para designar el número de diputados que asumirán el mandato de viajar a Madrid para defender la demanda gallega ante las Cortes.

Será una delegación integrada por tres diputados la que asumirá el encargo de defender el texto aprobado por la Cámara autonómica. Uno de ellos es Jesús Goldar Güimil, del grupo del PP; otro es Raúl Fernández, del PSdeG, y la tercera será la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que a su vez fue la autora de la iniciativa. Esta alineación, no obstante, podría cambiar en caso de que se demore en el tiempo la aceptación a trámite del texto gallego por parte del Congreso, pues para cuando esa ocurra -y como mínimo acostumbra a demorarse en torno a dos años- incluso podría darse la circunstancia de que los diputados ahora elegidos ya no fueran miembros del Parlamento gallego.

Temor al cambio de posición

Pero más allá de que se pueda alterar el plantel elegido para defender el traspaso de la AP-9 en Madrid, durante el debate sustanciado ayer en O Hórreo salió a colación otro aspecto que suele acompañar a este tipo de iniciativas: el cambio de la posición política dependiendo de si trata de Galicia o de Madrid. Tanto es así que Ana Pontón se puso la venda antes que la herida al pedirle al Partido Popular «que vote o mesmo» en las dos Cámaras y que «non volva a enganar aos galegos».

Con eso aludía a lo ocurrido con la demanda del traspaso de las competencias en materia de Tráfico. La petición se aprobó en el Parlamento gallego cuando el bipartito del PSOE y el BNG gobernaba en San Caetano. Pero el Congreso tramitó la demanda en septiembre del 2010, con Feijoo ya de presidente de la Xunta, que comprobó como su propio partido y el PSOE hacían piña en Madrid para no respaldar lo que pedían desde Galicia.

Otro ejemplo fue el de la regulación del voto emigrante. Todos los grupos pidieron en el Parlamento gallego, en el 2008, el voto en urna en los consulados. Pero cuando el Congreso tramitó la demanda, en el 2014, la ley ya había sido modificada y ningún grupo mantuvo su posición.

El PSdeG le da un «sí crítico» al PP para impulsar la nueva ley sobre servicios sociales

El entendimiento que los grupos políticos escenificaron ayer en el Parlamento para demandar el traspaso de la AP-9 se trasladó también al proyecto de Lei de Servizos Sociais, que fue tomado en consideración con el voto favorable de las dos principales fuerzas, el PP y el PSdeG, y la abstención del BNG y AGE.

El texto llega a la Cámara autonómica para modificar la Lei de Servizos Sociais promovida por el bipartito en el 2008, con el fin de incorporar un elemento capital: el llamado concierto social, para facilitar que los servicios sociales externalizados por la Administración puedan ser prestados preferentemente por entidades sin ánimo de lucro o con experiencia probada en la atención a las personas.

Precisamente el PSdeG defendió el pasado mes de septiembre una iniciativa legislativa que defendía el mismo principio, pero que entonces fue rechazada por el grupo mayoritario del PP. No obstante, con la llegada de José Manuel Rey Varela a la Xunta, los populares redactaron su propia versión de aquel texto para acomodar la ley gallega a las directivas europeas. Es por ese motivo que el PSdeG votó a favor de la tramitación de texto muy parecido al suyo, si bien su portavoz, Carmen Gallego, dejó claro que el suyo era un «sí crítico», pues vigilarán que no abra la puerta a la privatización.

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