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Miles de gallegos hincan los codos pendientes de 3.000 plazas de la Xunta

Los primeros exámenes se realizarán en el mes de en mayo para sanitarios diplomados y de Formación Profesional

Santiago / La Voz, 04 de marzo de 2016. Actualizado a las 05:00 h. 6

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Este es el primer año desde el comienzo de la crisis en el que las administraciones pueden convocar el cien por cien de las vacantes que se produzcan por jubilación. Esto se traduce en un mayor aumento de las ofertas de empleo público, aunque muy inferior a lo que quisieran los sindicatos. Miles de gallegos estudian actualmente para optar a una de las tres mil plazas que se han anunciado, la mayoría en sanidad y educación. La OPE del 2016 es en realidad de 2.644 plazas, pero hay convocatorias pendientes de los años 2015 e incluso 2014, por ejemplo en sanidad.

Para realizar una estimación de los opositores que durante estos meses hincarán los codos basta con analizar las cifras de años anteriores. En el 2015 hubo 432 plazas de maestros y se presentaron más de siete mil docentes. En el 2014, cuando era el turno de secundaria, fueron casi tres mil aspirantes para 117 plazas. Este año son 1.112 puestos, por lo que el número de opositores solo de educación superará con creces los diez mil. Esta consellería es la única que tiene un calendario rígido de exámenes. Son siempre a finales de junio. Este año el proceso empieza el día 21, por lo que al coincidir las pruebas casi siempre en fin de semana, lo lógico es que sean los días 24 y 25.

En el caso del Sergas la convocatoria es de 818 plazas. Probablemente el calendario sea más lento, y de hecho esta consellería aún está pendiente de realizar los exámenes de algunas categorías de las convocatorias del 2015 y del 2014. Los únicos exámenes que ya tienen una fecha cerrada son los de especialidades como matrona, fisioterapeuta, auxiliares de enfermería y técnico en farmacia, cuya previsión es que se hagan en mayo. En el resto de las plazas del Sergas, las que están pendientes de años anteriores se sumarán a las del 2016, y todavía debe publicarse el decreto de oferta.

En el caso de la administración xeral, la semana que viene se publica en el DOG la oferta de empleo público. La previsión de la Xunta es que las convocatorias arranquen de modo inminente. Las de servicios sociales y extinción de incendios, por ejemplo, se harán antes del verano.

Pruebas físicas

Las fechas de las oposiciones también dependerán del número de inscritos, lo que obliga a un mayor esfuerzo logístico para los exámenes -las del Sergas y la administración xeral suelen realizarse en el recinto ferial de Sillera y las de educación en centros educativos-, y algunas incluso tienen pruebas físicas. Sobre el proceso selectivo, depende de la categoría. Sergas y Educación siempre establecen un concurso oposición, en donde los años trabajados puntúan mucho a la hora de conseguir una plaza. En el resto, hay categorías en donde solo hay oposición.

Por primera vez en Galicia habrá puestos específicos para personas con discapacidad intelectual

Un total de 161 personas con discapacidad intelectual se preparan este año para conseguir una plaza de ordenanza en los centros de formación de Fademga, la federación de asociaciones de personas con discapacidad intelectual. En Santiago son 43, repartidos en varios grupos. Ahora mismo estudian la oposición del Estado que se celebra el 11 de junio en Madrid, pero como solo cambia uno de los seis bloques del temario, después se pondrán con las gallegas. Será la primera vez que la Xunta reserve plazas específicas para este colectivo. Serán seis de ordenanza de la convocatoria del 2015, aunque en la oferta del 2016 se amplían a 33, entre ordenanzas, celadores y auxiliares administrativos. Paula Álvarez, coordinadora de empleo y formación, se muestra optimista porque además participaron en el proceso de elaboración para que el temario se adaptase y se incluyesen mejoras respecto a las convocatorias estatales.

En el aula, Edu es uno de los más aplicados. Es de León y trabajó muchos años allí en jardines, carpintería o recogiendo aceite y ropa usada. Es optimista. Estudia dos o tres horas al día. Está deseando tener trabajo, «y si fuese cerca de casa trabajaría todo el día». También María José, de Touro tiene esperanzas de conseguir plaza. Algunos tienen experiencia laboral, como David, que trabajó en el polígono do Tambre informatizando seis millones de contratos. O Adrián, de Santiago, que estuvo en una lavandería y en otra empresa de Padrón. Jessica y Ángela, las profesoras, aseguran que en las clases es necesaria una metodología muy activa y participativa, muchos ejemplos y resolución de dudas. Eso sí, también esfuerzo por parte de los opositores.

La oferta se suma a la del Estado y a entidades como Correos, con 1.600 vacantes en España

La Administración autonómica es la que convoca un mayor número de plazas, al tener competencias en áreas tan esenciales como educación y sanidad, pero a esta oferta hay que sumar la del Estado -ya hubo exámenes en Galicia el pasado mes de febrero- y la de entidades como la empresa pública Correos, que ha convocado unas 1.600 plazas en toda España. Las academias ya las están preparando, aunque todavía no se han distribuido las plazas a nivel provincial, por lo que no se sabe cuántas habrá en Galicia. Otro de los sectores en el que siempre se convocan puestos por ser considerado también un servicio esencial es el de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Críticas de los sindicatos

El hecho de que ahora haya un mayor volumen de plazas no quiere decir que se cubran todas las jubilaciones producidas estos años. Los sindicatos educativos consideraron insuficiente la oferta del 2016, y ayer mismo hubo concentraciones en trece localidades gallegas de todas las organizaciones sindicales con representación en la sanidad contra una convocatoria de empleo que consideran «ridícula». El jueves que viene habrá una manifestación en Santiago por el mismo motivo.

Este año el Gobierno central amplió la tasa de reposición al cien por cien, lo que permite cubrir todas las jubilaciones en las ofertas de empleo. En el 2015 se había elevado al 50 %, mientras que los años anteriores, con la crisis, se limitó al 10 % en servicios esenciales.

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