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Los gallegos creen que faltan medios para luchar contra la violencia machista

Ocho de cada diez encuestados dicen que las víctimas no tienen bastante protección

redacción / la voz, 28 de febrero de 2016. Actualizado a las 05:00 h. 18

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Han transcurrido solo dos meses del 2016, pero ya hay contabilizadas en España once mujeres muertas debido a la violencia machista, una de ellas en Galicia. La última fue esta semana en Zaragoza. El fallecimiento de Soraya, que tenía una orden de alejamiento de 500 metros de su exmarido, parece haber dado que pensar al ministro del Interior. «Todos aprendemos de los errores [...] todo lo que haya que reformar para erradicar esa lacra será bienvenido», reconoció Jorge Fernández Díaz durante un acto público donde adelantó que podrían cambiar los protocolos de actuación para, como en el caso de estar mujer, no retirar la vigilancia aunque el agresor haya trasladado su hogar a 400 kilómetros de distancia. Este último crimen ha provocado que varios colectivos clamen por un aumento real de los medios para erradicar una lacra que no logran detener y de la que se ha comenzado a hablar como un problema de Estado.

Un estudio realizado por Sondaxe para La Voz muestra como un 77,1 % de los gallegos que han participado en el trabajo cree que los medios policiales de protección de las víctimas no alcanzan para lograr el objetivo. Los más críticos son los habitantes de A Coruña. El porcentaje aumenta incluso al hablar de las medidas puestas en marcha por las administraciones para frenar la violencia machista. Justo en ese campo son ocho de cada diez los gallegos entrevistados que las ven insuficientes.

Las pulseras para controlar a los condenados por maltrato con orden de alejamiento que puso en marcha el Gobierno central en el 2009 son un ejemplo de medios que no han logrado el resultado esperado. La razón no es más que una cuestión geográfica.

Los aparatos, controlados por GPS, marcan el lugar donde está el agresor y alertan a la mujer víctima de acoso cuando el condenado no respeta la distancia de alejamiento que ha dictado el juez. Pero los problemas de cobertura que hay a lo largo y ancho de todo nuestro país hacen que su efectividad quede reducida. Y eso se observa especialmente en Galicia. Aquí los datos hablan: La idea era tener operativas unas 3.000 pulseras en toda España, pero varios años después de su presentación solo hay colocadas 797, de las que 22 las usan personas que viven en Galicia, una de las comunidades con una orografía más complicada para garantizar la cobertura.

Los teléfonos del programa Atenpro, puestos en marcha por Sanidade y operados por Cruz Roja, son otros de los medios de que disponen las víctimas. Son teléfonos que permiten conocer el estado de las mujeres con llamadas rutinarias, pero también son un instrumento mediante el que estas pueden avisar de un peligro o incluso llamar para verse seguras.

Otros de los recursos de que dispone la Secretaría Xeral de Igualdade son, por ejemplo, el programa de ayuda pscolóxica para mujeres o sus familias que llevan a cabo en el Centro de Recuperación Integral de Mulleres que Sofren Violencia de Xénero, los centros de la mujer que hay en los concellos o el salario da Liberdade para facilitarles la independencia económica. Educar para la infancia con ideas como el Plan Proxecta de educación en 158 concellos o las Pantallas Amigas.

Un 78,5 % opinan que hay que cambiar el trato judicial que tienen las mujeres

El tratamiento judicial que se da a las víctimas de la violencia machista en los tribunales tampoco convence a los gallegos encuestados por Sondaxe. Un 78,5 % de ellos opinan que habría que cambiarlo, frente a un 8,6 % que piensa que es correcto tal y como está. Y son los ourensanos los que más apoyan el cambio del protocolo de actuación actual.

La opinión de los primeros va en la misma línea de lo defendido por algunos fiscales que tratan asuntos de violencia machista y que reivindican, ya desde hace tiempo, un cambio que no haga sentirse culpables a las víctimas. Eso, dicen, incrementaría las denuncias. Porque la ansiedad que provoca el tener que enfrentarse a un proceso largo y complicado supone un freno para muchas mujeres que sufren maltrato. De hecho, la fiscal especialista en violencia contra la mujer Pilar Fernández aseguró en una entrevista publicada en noviembre pasado que «debería cambiar la ley para hacer el proceso más amable a las mujeres».

Un proceso complicado

Porque todo el procedimiento al que se enfrentan las víctimas al presentar una denuncia no es fácil. Como había comentado entonces esta fiscal no lo es porque durante el proceso hay momentos en los que parecen ser las sospechosas. La razón es que cuando no hay evidencias de haber sufrido maltrato, las mujeres han de probar con su único testimonio que son realmente víctimas.

Otra de las cosas que se reivindican también en los juzgados de Familia es una formación específica para el personal que ha de encargarse de atender a las mujeres que han sufrido algún tipo de maltrato. La razón es que la mayor parte llegan con una moral por los suelos o con temor. De hecho, la probabilidad de toparse con el supuesto agresor provoca en muchas de ellas un estado de nervios que resulta complicado controlar.

Más allá de eso, en la batalla para erradicar la violencia machista han comenzado a llevarse a cabo ya algunos cambios normativos. Junto con los nuevos delitos que incluye el Código Penal que entró en vigor el pasado mes de julio, uno de los más relevantes es haber incluido a hijos en el estatus de víctima. De hecho, hay estudios que hablan de que en España hay unos 840.000 menores que conviven con padres maltratadores.

Al mismo tiempo los condenados no podrán cobrar la ayuda por viudedad o heredar nada de sus víctimas.

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