La formación de profesionales en educación y sanidad, las escasas quejas y la atención a menores y transexuales, cuestiones a mejorar
18 feb 2016 . Actualizado a las 22:33 h.La valedora do Pobo, Milagros Otero, ha presentado ante el Parlamento gallego un informe sobre la situación de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales) en el que ha alertado de que las asociaciones que trabajan con estos colectivos identifican un «rebrote» de agresiones homófobas, al tiempo que avisa de que faltan protocolos en educación y sanidad, con deficiente formación de profesionales, que provocan que todavía haya casos de personas tratadas como «enfermos».
Así, la valedora do Pobo ha avisado que «aún hay un largo camino por recorrer» para que la comunidad LGBTI tengan un igual trato que toda la sociedad, ya que se producen «discriminaciones» en ámbitos como la educación, sanidad o trabajo, y cree que resolverlo es un «asunto de justicia social». Al respecto, ha emplazado a una mayor «colaboración» entre administraciones y poderes del Estado en pro de la mejora de medidas.
De este modo, Milagros Otero ha abundado este jueves en el informe sobre la situación de personas LGBTI en Galicia, que fue remitido en julio de 2015 por su antecesor en el cargo, José Julio Fernández, al Parlamento gallego, el cual se ha ido actualizando desde entonces.
Durante su intervención, ha hecho mención a la reciente «agresión homófoba» producida en Santiago de Compostela a una pareja de homosexuales para señalar que, a petición propia, se reunió hace unos días con las asociaciones Ultreia y 7 Cores, quienes le manifestaron «su preocupación por el rebrote de esas conductas y pidieron la plena aplicación de la ley de igualdad».
Entornos educativos, sanitarios y laborales
De tal forma, un punto sobre el que ha hecho especial hincapié la valedora do Pobo ha sido «la falta de formación» de profesionales en la sanidad, tanto de médicos como de psicólogos o psiquiatras, pues se siguen dando situaciones de personas LGBTI que son «tratados» en el Sergas como «enfermos» o como «pervertidos en el peor de los casos». De hecho, se llega a diagnosticar como «trastornos de personalidad o esquizofrenia» identidades sexuales.
El hecho de que las tarjetas sanitarias no tengan el nombre que las personas eligieron o la deficiencia de «protocolos claros» para las técnicas de reproducción asistida son otros problemas en este campos. Además, pide «desmitificar» la ligación entre personas LGBTI y la trasmisión de VIH. Una de las denuncias concretas que ha expuesto la valedora es la situación de una persona que está pendiente de una tercera intervención quirúrgica para un cambio de sexo porque «no hay un centro de referencia» en Galicia. Para ello, se está mediando con el hospital de Cruces, en el País Vasco, para que pueda ir a ese centro a operarse.
También ha criticado la «inexistencia» de protocolos de atención en materia educativa ante casos de homofobia o transfobia, como «violencia verbal, insultos o vejaciones».
Al respecto, lamenta que los profesores «carecen» de formación e información específica en este campo, lo que puede dar lugar a «disfunciones dolorosas» en alumnos ante casos de abusos. Aquí, apunta que cuando hay una educación en valores los estudiantes responden de una forma positiva y «se asumen con normalidad» las diferentes sexualidades.
En materia laboral, avisa de que los casos de fobia y discriminación son «más intensos» entre los transexuales, ya que padecen «elevadísimas» tasas de desempleo. De nuevo echa en falta protocolos en favor de la igualdad y las buenas prácticas.
Junto a esto, expone la necesidad de «abrir una línea de trabajo» específica sobre la discriminación a mayores y en el rural para actuar de «forma contundente», debido a las particularidades de una Galicia cada vez más envejecida y con gran dispersión. A este respecto, pone el foco sobre la llamada «discriminación múltiple», en las que personas se sienten desprotegidos y sufren dificultades «por más de un motivo».
Soluciones que urge
Con el objetivo de paliar las diferentes problemáticas existentes, la valedora ha realizado cinco recomendaciones. Así, urge la existencia de un documento transitorio de identidad para los mayores de edad en el que se recoja su nombre elegido sin tener que esperar hasta «dos años» para ese cambio; así como cambiar el nombre en las tarjetas sanitarias de menores transexuales.
Las otras tres cuestiones pasan una mayor pedagogía en escuelas; aumentar la formación de profesionales de la educación, sanidad y administración; y desarrollo de un protocolo de Atención Primaria en el Sergas para asistir de «forma cierta y segura».
Escasas quejas
En otro orden de cosas, ha lamentado el «escaso» número de quejas recibidas de víctimas de discriminaciones por su condición sexual, que ha cifrado en no «más de tres» de las más de 36.000 que recibe al año la institución del Valedor do Pobo. Con todo, ha explicado que esas quejas «llegan a través de otras vías», pues forman parte de los tipos de acoso escolar, menores o imposibilidad de tratamientos, por lo que no quedan «identificadas únicamente» en el área LGBTI.
Acerca de este punto ya llamó la atención su predecesor en el cargo cuando entregó el informe al Parlamento en julio. Entonces, José Julio Fernández explicaba que en lo que iba del 2015 se habían recibido «menos de diez» quejas sobre esta cuestión.
Visión de los grupos
Por parte de los grupos de la oposición se ha coincidido en la falta del carácter sancionador de la ley gallega aprobada en el 2014 contra la discriminación a colectivos LGBTI, así como la demanda al Gobierno gallego de que articule medidas y protocolos específicos. En esta línea, Carmen Gallego (PSdeG) ha lamentado que no hay protocolos ni «nada» en materia sanitaria ni educativa, lo que ha achacado a una falta de «voluntad política» por parte del PP, ya que ha resaltado que estos existen en otras autonomías. Para ejemplificarlo, ha denunciado que la Xunta no se reunió «ni una sola vez» con colectivos LGBTI en los dos últimos años desde la aprobación de la ley gallega.
A renglón seguido, Carmen Adán (BNG) ha lamentado que estas personas «están muy desprotegidas», ya que las agresiones homófobas con «reiteradas», «aunque no se denuncien». Por ello, Adán pide mayor contundencia a las administraciones y «concreción de medidas» de apoyo a estos colectivos, de forma que «se acelere el máximo posible» cuestiones como protocolos de atención a transexuales en colegios.
Por su parte, Eva Solla (AGE) ha echado en falta mayor presencia de «datos» en el informe, ha indicado que los bisexuales «son de los más invisibilizados» por su condición y reprocha que la «ausencia de un régimen sancionador» lleva a que «no hay ningún tipo de herramienta para castigar incumplimientos». Carmen Iglesias (Grupo Mixto) ha advertido que «queda mucho por mejorar».
En contraposición, la diputada del PPdeG Marta Rodríguez Bispo ha defendido que «Galicia se convirtió en la primera comunidad autónoma» con una ley contra la discriminación a la comunidad LGBTI, mientras «distintos departamentos» de la Xunta trabajan en su aplicación, de manera que «las bases están puestas para que todo mejore».
Finalmente, la valedora do Pobo ha admitido que «podría ser bueno que existiese un régimen sancionador adecuado», pero ha recordado que «quien hacen las leyes son los parlamentos», por eso ha emplazado a los diputados a que «trasladen» esa petición a un texto legal, pues «son ustedes quienes hacen las leyes».