Para sumar apoyos suficientes tendría que atender a una subasta de exigencias en muchos casos incompatibles entre sí
14 feb 2016 . Actualizado a las 09:33 h.Pedro Sánchez dispone de apenas 15 días para forjar un acuerdo de investidura que le permita convertirse en presidente del Gobierno. La tarea se antoja enormemente complicada por la multitud de partidos y grupos a los que debe convencer de que le den su apoyo, en algunos casos incompatibles en entre ellos y en otros vetados por la propia dirección del PSOE. Para lograrlo, Sánchez tendría que satisfacer también la larga lista de exigencias que le presentará cada fuerza política, lo que convertirá la negociación en una verdadero sudoku. Admitir todas las peticiones será imposible porque muchas son contradictorias entre sí. Algunas de ellas tienen un coste económico inasumible en tiempos de crisis. Y otras, resultan políticamente inaceptables para buena parte del PSOE, por lo que ceder ante ellas generaría una grave conflicto y una profunda división en el partido. El único apoyo que tiene garantizado de forma casi gratuita es el de IU.
Podemos
Presión desde Cataluña. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, planteó inmediatamente después de las elecciones la exigencia de un referendo de independencia en Cataluña como condición para cualquier acuerdo con el PSOE. Iglesias pretende soslayar ahora esa exigencia para no bloquear la negociación y pone el acento en reclamar un Gobierno de coalición con él de vicepresidente. Pero En Comú Podem, su socio en Cataluña, que cuenta con 12 diputados, no cede y mantiene como ineludible el compromiso de la consulta. De hecho, acaba de advertir de que «en el acuerdo final de investidura tiene que aparecer la palabra referendo».
Ciudadanos
Rechazo expreso a la consulta. La exigencia de Podemos de que Sánchez asuma el compromiso de celebrar un referendo en Cataluña choca de plano con el planteamiento de Ciudadanos, cuyo líder, Albert Rivera, ha dejado claro que en cualquier acuerdo que firme con el PSOE o con el PP debe figurar «por escrito» el rechazo a la celebración de dicha consulta. Esa contradicción hace imposible cualquier acuerdo en el que figuren simultáneamente Podemos y Ciudadanos, que sumarían junto al PSOE la mayoría absoluta. Ciudadanos ni siquiera está dispuesto a abstenerse para facilitar la investidura de Sánchez mientras no rechace el referendo, por lo que, de aceptar las condiciones de Podemos, el líder del PSOE necesitaría forzosamente al menos la abstención de los independentistas catalanes, para los que el referendo es una exigencia inexcusable.
PNV
Seguridad Social y control del AVE. A pesar de que el PNV se ha mostrado dispuesto a apoyar un Gobierno de Pedro Sánchez, el voto de los nacionalistas vascos no le saldría precisamente gratis al secretario general de los socialistas. El PNV exige que el País Vasco y Navarra asuman a corto plazo la gestión económica de la Seguridad Social y crear a largo plazo un sistema propio de Seguridad Social, además de mantener una relación «bilateral» con el Gobierno, al margen del resto de autonomías. Pero, además, reclaman la gestión de la alta velocidad en el País Vasco, de manera que sea el Gobierno de Vitoria quien adjudique las obras de los tramos de la Y vasca pendientes de construir. Algo que supondría un agravio claro con el resto de comunidades que tienen pendientes obras del AVE, entre ellas Galicia.
Compromís
Condonación de la deuda. A la hora de sumar apoyos para formar Gobierno, Sánchez se enfrenta también a reivindicaciones autonómicas cuya aceptación supondría un grave conflicto entre comunidades. Compromís, el partido que gobierna en coalición con el PSOE en la Comunidad Valenciana y que se presentó a las generales en alianza con Podemos, aunque sus cuatro diputados se integraron finalmente en el Grupo Mixto, reclama que Sánchez se comprometa a condonar una gran parte de la deuda acumulada por la comunidad a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como forma de solucionar la infrafinanciación que, a su juicio, ha sufrido esta comunidad durante años. Aunque esa medida solo podría aprobarse de manera conjunta para todas las autonomías que se acogieron a ese fondo, su aprobación, al margen del fuerte coste económico que tendría, beneficiaría especialmente a las más deudoras, entre las que destacan Cataluña y la Comunidad Valenciana. Y supondría un claro agravio para otras que, como Galicia, no se acogieron a ese fondo y optaron por financiarse directamente en los mercados y no podrían dejar de pagar.