El fiscal del caso Alvia impugna todos los recursos y reclama ya el juicio por ser «una necesidad»
GALICIA
?Dice que en muchas apelaciones se plantea analizar hechos que ya han sido investigados
09 feb 2016 . Actualizado a las 00:39 h.El fiscal Antonio Roma, que investigó desde el primer momento el descarrilamiento en Santiago del tren Alvia en el que murieron 80 pasajeros, acaba de presentar, ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, un escrito en el que impugna los recursos de apelación formulados por las partes contra el auto de apertura de procedimiento abreviado y de cierre de las diligencias de instrucción abiertas con motivo del accidente, ocurrido poco antes de las nueve de la noche del 24 de julio del 2013, víspera del Día de Galicia.
En su escrito, el fiscal considera que la labor del juzgado, «con sus dificultades, ha sido amplia y exhaustiva en la investigación». Roma sostiene que de entre el conjunto de elementos concurrentes en el caso, durante la instrucción se ha determinado la existencia de «un único acto de relevancia penal». Señala, además, que «el juicio oral es una necesidad y concurren elementos para que pueda desarrollarse con las garantías debidas».
El fiscal asegura que muchos de los recursos de apelación que han sido presentados con el auto de cierre de las diligencias de instrucción «plantean la necesidad de analizar hechos que ya están investigados, o no guardan una relación causal desde la perspectiva de la técnica penal». Añade el fiscal que en otros casos se propone la práctica de diligencias que el instructor del caso «ha considerado innecesarias previa ponderación razonada, atendiendo a los fines de investigación y a los derechos de cuantos intervienen como imputados o como perjudicados».
Un único autor
La impugnación del fiscal mantiene las tesis planteadas en su escrito de acusación, presentado en octubre, en el que pidió la apertura de juicio oral contra el maquinista del Alvia, Francisco José Garzón. El fiscal considera a este profesional como el único autor de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y de 144 delitos de lesiones, por lo que pide una pena de 4 años de cárcel y de 6 de inhabilitación especial para la profesión de maquinista de ferrocarriles.
En el ámbito de la responsabilidad civil, el fiscal solicita que la aseguradora QBE Insurance, de manera directa, y Renfe Operadora, como responsable civil, indemnicen a las víctimas con 42,8 millones de euros.