Sonia Rodríguez-Campos: «Queremos que la formación que ofrecemos llegue a todos los empleados públicos»
GALICIA
La directora de la EGAP sostiene que la lucha contra la corrupción y la reforma de la ley electoral deben ser prioritarias
06 feb 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La directora de la EGAP, y profesora de Derecho Administrativo, Sonia Rodríguez-Campos, considera que el problema político no se resuelve reformando la Constitución. «Lo relevante es concretar un Gobierno estable».
-¿El aumento de las plazas de formación de empleados públicos basta para atender la demanda?
-Ampliamos la oferta, porque queremos que la formación llegue a todos los empleados públicos. Duplicamos las plazas del 2012 y con el mismo presupuesto.
-La evaluación que recoge la Lei de Emprego Público está pendiente de desarrollo. ¿Incrementará la demanda de formación?
-No sé. A la EGAP acuden personas por interés y convicción de que revertirá positivamente en su formación. Y otros que, además, piensan en su promoción. Ahí sí incidirá la formación, porque se tendrá en cuenta los cursos que se hacen en esta escuela.
-Pero la ley reserva un papel relevante al superior en esa evaluación. ¿No sería mejor un control externo, de la propia EGAP?
-Ese aspecto también está pendiente de desarrollo reglamentario. Pero la de los jefes no tiene por que ser la última palabra. Una cosa es que informen y otra que decidan. Podría ser la EGAP o una dirección general. Pero tendrá que ser alguien independiente quien tome esa decisión.
-Usted es jurista y profesora de Derecho Administrativo. La reforma de la Constitución está en el centro del debate, incluso puede ser clave en las negociaciones para intentar formar Gobierno.
-Es una cuestión de máximo interés. Conviene aclarar algunas cosas. La Constitución no es ahora un problema, ni va a sacarnos del laberinto territorial. Es la que ha permitido que algunos sean lo que son. Si se dice que el bipartidismo ha tocado a su fin, es porque la Constitución permite a todos defender sus ideas. Disfunciones que plantean en el Estado de las autonomías no son achacables a la Constitución, que en lo esencial sigue siendo operativa.
-Pero su vigencia tampoco implica que sea un texto inmutable.
-Puede modificarse en aspectos puntuales. Lo vimos con el artículo 135, que consagra la estabilidad presupuestaria. Pero hubo un consenso que ahora no hay para una reforma que no sería operativa. No necesitamos otro lastre, trasladar que la solución a nuestro problema, que es político, es un Estado federal. La salida lógica sería un pacto de los partidos constitucionalistas, PP y PSOE. La reforma de la Constitución exige consenso y tampoco los que la quieren dicen cómo.
-¿Cree que el Estatuto está exprimido o todavía puede dar nuevas competencias a Galicia?
-Hay que asumir las competencias que puedas ejecutar. Ya quedó atrás el momento en el que una comunidad autónoma lo era más por tener más competencias. El marco legal que tenemos es suficiente para gestionar adecuadamente las que nos corresponden.
-Pues los conflictos competenciales Xunta-Estado no cesan.
-No me parecen muchos ni sustanciales, si los comparamos con la situación de incertidumbre que tenemos ante la necesidad de un Gobierno estable, capaz de blindar los servicios públicos y con un sentido de Estado fuerte. Lo sustancial ahora es que esa posibilidad se concrete.
-¿Y ese Gobierno a qué reformas cree que debería dar prioridad?
-Hay que continuar con la reforma de la Justicia, donde se debe primar la excelencia y la competencia sobre la confianza política. También hay que seguir adelante con la reforma de la ley electoral, y con la corrección de determinadas asimetrías del Estado autonómico. Y también cabe esperar que el siguiente Gobierno siga luchando contra la corrupción desde la triple vertiente de su prevención, control y castigo.