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El fiscal se suma a la defensa de la infanta Cristina para que sea excluida del banquillo

El tribunal comunicará si acepta la petición para cuando se reanude el juicio, el 9 de febrero

Palma / Colpisa, 12 de enero de 2016. Actualizado a las 08:03 h. 11

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Toda la carne en el asador. Incluso vehemencia y palabras estridentes. La defensa de la infanta Cristina sacó toda la artillería jurídica, argumental y dialéctica para que la hermana de Felipe VI no vuelva nunca más a pisar la Audiencia Provincial de Palma y menos sentarse en el banquillo de los acusados. Pero los abogados de la defensa no estuvieron solos. Con el mismo ímpetu que los letrados de la exduquesa, los dos representantes del Estado, la Fiscalía y la Abogacía, defendieron su exculpación, y no dudaron en atacar a Manos Limpias, la acusación popular que ha llevado, en solitario, al enjuiciamiento de Cristina de Borbón por haber supuestamente colaborado en dos de los fraudes fiscales de su marido Iñaki Urdangarin durante los ejercicios del 2007 (182.005 euros) y del 2008 (155.138 euros).

Después de trece horas de la sesión de apertura del primer juicio que tiene entre sus acusados a un miembro de la familia real, el tribunal suspendió la vista hasta el próximo día 9 de febrero. En estas semanas, analizará las cuestiones previas planteadas por las partes, incluidas nuevas pruebas aportadas ayer, como un informe de Hacienda en el que se descarta que la infanta Cristina haya cometido delito fiscal. Cuando se reanude el juicio, decidirá si la hermana del rey sigue como acusada o si queda excluida del proceso.

Jesús María Silva, la mano derecha de Miquel Roca, quien no intervino en toda la vista, era consciente de que su alocución de ayer era la más importante de toda su carrera y que todo el país estaba pendiente de su alegato, del que dependerá que la hermana del rey siga imputada en una trama de corrupción. Apenas fueron 18 minutos, pero Silva se dejó todo en la sala. No se limitó a la famosa doctrina Botín. Invocó una decena de sentencias del Tribunal Constitucional, del Supremo y de varias audiencias provinciales para disparar en la línea de flotación de Manos Limpias; es decir su falta de «legitimación» para mantener una acusación por infracciones fiscales cuando los dos damnificados, la Agencia Tributaria y el Estado, no ven irregularidad alguna.

El letrado, en un golpe de efecto, llegó incluso a la teatralidad cuando aseguró que sentar en el banquillo por estos hechos a su patrocinada sería una «pesadilla» para los grandes penalistas españoles, que se levantarían de sus tumbas si vieran que una acusación popular puede «abrir un juicio». Silva apuntó alto al presentar como víctima a la hermana del rey, desprotegida ante la «vulneración de su derechos fundamentales de defensa, tutela y proceso con todas las garantías» ante la barra libre concedida por el juez José Castro y la Audiencia de Palma a Manos Limpias para arremeter contra su cliente. «No puede sostenerse la acusación popular en solitario porque están personados el ministerio público y la Abogacía del Estado» y ellos no acusan a la infanta, explicó el letrado. Y, por cuatro veces repitió: «¡No existe la posibilidad de personación de un acusador popular!».

Más allá de las poses y las frases redondas destinadas a los tres jueces del tribunal, Silva se explayó en la explicación jurídica de que el «sujeto pasivo» del delito fiscal, la víctima de ese ilícito, solo es Hacienda, y aunque puede haber un «interés público difuso» dañado por el perjuicio a las arcas del Estado, la ley establece que es «patrimonio» único de la Agencia Tributaria en «su dimensión recaudatoria» defenderlo.

Solo un eslogan publicitario

Silva pareció dejar encaminada la faena para que la Fiscalía y la Abogacía del Estado culminaran el trabajo de tratar de sacar cuanto antes a la infanta de este embrollo judicial y dar la puntilla a Manos Limpias. La abogada del Estado llegó a decir que el famoso «Hacienda somos todos» es solo un eslogan publicitario. El fiscal Pedro Horrach no se limitó, ni mucho menos, a hacer suyos los argumentos del letrado de la imputada. También él desplegó de forma pasional todas sus artes oratorias para defender a Cristina de Borbón en nombre de la «defensa de la legalidad».

El veterano fiscal fue menos técnico. «Lo que importa es tener razón, y después de tener razón, importa casi tanto saber defenderla; porque sería triste cosa que, teniendo razón, pareciese como si la hubiésemos perdido», abrió citando a Manuel Azaña y para dejar claro que su cerrada defensa de la infanta es por convicción y no por órdenes externas o superiores.

«Ni un solo ciudadano se ha sentado en el banquillo de los acusados en idénticas circunstancias», afirmó. «Otorgar legitimación a Manos Limpias sería quebrantar la jurisprudencia del Supremo y una discriminación no justificada» para la infanta, afirmó el fiscal en un tono muy pausado, pero firme. La misma consistencia que mostró en la conclusión de su alegato para ahorrar a la infanta el proceso: «Si el ministerio fiscal, que representa al Estado, y el acusador particular (Hacienda) determinan que no hay elementos incriminatorios, la única respuesta judicial posible es el sobreseimiento o archivo de la causa». «No es posible que la acusación popular supla el conocimiento del perjudicado», clamó Horrach ante la sala antes de realizar la inédita petición en vista oral de un fiscal para que se anulara el escrito de acusación en la parte referida a Cristina de Borbón.

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