El mayor condenado por el 11-M, un díscolo en el penal de Teixeiro

Alberto Mahía A CORUÑA / LA VOZ

GALICIA

EFE

Zougam, que lleva 12 años en aislamiento por su comportamiento, cumple una pena de 42.917 años de prisión en el centro penitenciario

09 ene 2016 . Actualizado a las 11:30 h.

Jamal Zougam (1973, Tánger, Marruecos) cumple una pena de 42.917 años de prisión en el centro penitenciario de Teixeiro. Este terrorista yihadista fue condenado por su participación en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid a la pena más alta impuesta hasta el momento en Europa por ser autor de 191 asesinatos y dos abortos, 1.856 asesinatos en grado de tentativa, cuatro delitos de estragos y pertenencia o integración en organización terrorista. Fue el primer detenido por aquella masacre. Zougam, aparte de colocar una o varias bombas en los trenes, era el gerente de la tienda de telefonía móvil Jawal Telecom, de Lavapiés, desde la que suministró la tarjeta localizada en el teléfono móvil de la mochila de Vallecas, que condujo hasta los autores del atentado. Aunque su castigo sea de 42.917 años, saldrá en el 2044. Si llega allí, lo hará con 71 años.

Lleva casi 12 entre rejas y siempre fue catalogado como preso peligroso y conflictivo, por lo que lleva en aislamiento desde que entró. En todo este tiempo, Instituciones Penitenciarias no logró hacerlo entrar en vereda. Sigue tan altivo y problemático como el primer día. «Se queja de todo y por todo», según desvelan fuentes de la penitenciaría. Son habituales sus enfrentamientos con otros reclusos y en breve cambiará de nuevo de cárcel. Antes de recalar en Teixeiro, estuvo en Soto del Real, Villena (Alicante) y Topas (Salamanca). Ha hecho huelgas de hambre, se ha enfrentado con otros presos e inundó de quejas las oficinas de Instituciones Penitenciarias. Porque él, según dice, es inocente, víctima de una campaña policial y judicial sin parangón.

A día de hoy, el módulo del primer grado de Teixeiro está poblado de reclusos «muy peligrosos». Ahí está, por ejemplo, el preso que en noviembre del año pasado le atravesó a otro el cuello con el palo de una escoba en el centro penitenciario de Estremera. Porque no le quiso dar un cigarrillo.

Junto a él y otros semejantes está Jamal Zougam. Y todo lo que pasa en ese peligroso módulo de aislamiento lo sabe al momento la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que recibe partes diarios sobre los presos islamistas que cumplen condena en todos los penales del país.

En las prisiones gallegas cumplen condena en estos momentos ocho terroristas yihadistas: cinco en Teixeiro (A Coruña) -dos de ellos vinculados a los atentados del 11-M- y tres en A Lama (Pontevedra), donde solo uno tiene relación con los ataques en Madrid.

Todo lo que hacen a diario, con quién hablan, qué libros leen, a quién insultan, llega a oídos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que deja constancia de cada uno de sus pasos o movimientos.

Todo eso se hace para evitar que estos reclusos conviertan las cárceles en centros de reclutamiento yihadista, como ocurrió en los centros penitenciarios de Topas (Salamanca) y A Lama en el 2002. En la primera se gestó una célula islamista que pretendía atentar contra la Audiencia Nacional, y en el penal pontevedrés los presos islamistas estaban organizados y adiestrados con disciplina paramilitar. Aquello movilizó a Interior y a los propios funcionarios de prisiones, que exigieron refuerzos en las cárceles. De aquella demanda nació en el 2009 un grupo especializado en materia antiterrorista que vigila los movimientos de los presos yihadistas y etarras.

El año pasado, Instituciones Penitenciarias envió una orden a las cárceles para que reforzasen el control sobre esos presos. Sus comunicaciones están intervenidas. Las salidas de la celda se limitan a paseos por el patio, restringidos tanto en horas como en el número de internos.