Leandro Quintas (Santiso, 1937) lleva años litigando con Costas por la finca de 63 hectáreas que adquirió en 1983 en San Adrián (Ortigueira) para crear una granja marina. Como explica, «el proyecto [de producción de almeja japónica y otras especies] tenía todas las autorizaciones y licencias administrativas exigidas» y la explotación empezó a funcionar en 1985. Hasta que se aprobó la Ley de Costas y el deslinde situó su parcela en zona de dominio público marítimo-terrestre. «Está acreditado en el Registro que es una propiedad privada desde 1855, tengo la escritura, sin carga de ningún tipo», repite, incansable. Pero el Tribunal Supremo, donde acabó su batalla legal, falló en su contra. Ahora ha solicitado a Costas la concesión del terreno. «Es la única opción que me dan; si no la pido me lo quitan todo ya», denuncia. Quintas sostiene que «las mayores injusticias se cometen en nombre de la justicia» y achaca su situación «a represalias» por su labor sindical, como presidente de la Unión Sindical Agraria Galega (USAG). Baraja incluso hacer una huelga de hambre en la finca. «No es solo la inversión [unos 600.000 euros] sino el valor de la propiedad, que era un fangal y lo he transformado en un refugio de flora y fauna, arbolado», remarca, indignado.