Establece que los beneficios de los presuntos contratos irregulares rondan los 300 millones e imputa solo en Galicia a más de medio centenar de personas
17 oct 2015 . Actualizado a las 13:11 h.Al día siguiente de que el fiscal superior de Galicia y el presidente del TSXG criticaran el excesivo retraso en el cierre de la Pokémon, la jueza De Lara firmó un auto en el que acuerda desprenderse de una de las piezas más relevantes. Se trata de la que afecta a la presunta trama generada en torno al grupo Vendex y a la consecución de contratos en diferentes municipios gallegos y también de otras provincias españolas. Esta parte, que comenzó con 46 imputados (entre los que figuran los exalcaldes de Ourense, Lugo, Santiago, Boqueixón y O Carballiño), y que fueron aumentando con la investigación, la envía a la Audiencia Nacional para que decida. La jueza entiende que la tramitación del caso Vendex le corresponde al tribunal estatal porque afecta a varias audiencias, entre ellas las gallegas de A Coruña, Lugo y Ourense.
Las partes recibieron el auto justamente el día después de que los abogados de Vendex hubiesen presentado en el juzgado de De Lara un extenso recurso para reclamar su inhibición o, en su caso, la recusación. De todos modos, la jueza advierte que mientras el juzgado central de instrucción (hay seis) decide qué hace con el tema, será ella la que siga practicando diligencias.
De Lara cree que quien debe decidir es un juzgado central de instrucción porque así lo establece el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que atribuye competencias a la Audiencia Nacional en casos de fraudes y maquinaciones para alterar precios que produzcan una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o a la economía nacional. La autora del auto llega a la conclusión de que investigó a una organización con estructura jerarquizada para obtener concursos de forma presuntamente ilícita «en connivencia con autoridades y funcionarios públicos, a cambio de la entrega de dinero, regalos, contratación de enchufados y prestación de otra clase de favores».
En Galicia, esas adjudicaciones presuntamente fraudulentas se darían en los ayuntamientos de A Coruña, Santiago, Lugo, Marín, Boqueixón, Verín, Ferrol, Carballiño, Ordes, Sada y Arteixo. El entramado, dice la jueza, también se extendía a Baleares y Cataluña. Los beneficios presuntamente ilícitos ascendieron a 295.067.927 euros, razón más que suficiente, entiende, para que sea la Audiencia Nacional la que asuma el caso. En este sentido recuerda una sentencia del Supremo sobre hechos acaecidos en Marbella cuando era Jesús Gil alcalde.
Por otra parte, la jueza firma una providencia en la que pide a la Xunta que sus servicios informáticos digitalicen las causas «de especial complejidad» que lleva su juzgado. Es una de las tareas que realizaban los funcionarios judiciales, pero estos «se encuentran completamente saturados de trabajo». El objetivo es poder cumplir las recomendaciones del CGPJ» y «concluir a la mayor brevedad las instrucciones».