Feijoo aumenta en dos su nómina de imputados a los que ha obligado a irse
GALICIA
Suma nuevas destituciones de miembros de la estructura del Gobierno y su partido
10 oct 2015 . Actualizado a las 17:44 h.Alberto Núñez Feijoo comenzó su carrera hacia la presidencia de la Xunta en el 2009 con un gesto dirigido a impulsar la «regeneración política e institucional» que dijo quería instalar en su partido y ansiaba para Galicia. Tras decir que pretendía «predicar con el ejemplo», cesó de manera «irrevocable» al número uno de su lista en Ourense, Luis Carrera, al conocerse que no había declarado a Hacienda 240.000 euros por un trabajo abonado en las Islas Caimán.
Casi en campaña de nuevo, Núñez Feijoo ha vuelto a conjugar el verbo cesar para dejar fuera del organigrama del gobierno a su delegada en Vigo, María José Bravo, tras haber sido imputada en la operación Patos. Con su destitución, la que fuera concejala del PP en Ourense y Vigo deja atrás casi dos décadas de trabajo en puestos de confianza en la Administración gallega con Fraga y Feijoo. Junto a ella, el presidente se cobró también el puesto del delegado de Ourense, Rogelio Martínez, bajo la sombra de la imputación desde hace nueve años por presuntas irregularidades en la gestión de una subvención en el Concello de Arnoia.
El código ético del PP obliga a dejar el cargo electo o institucional en el momento en el que se notifique la apertura de juicio oral, pero mucho antes de ese trámite Feijoo ha forzado la caída de diversos cargos de su entorno. Así le ocurrió al que era el diputado más joven del Parlamento en la pasada legislatura, Javier Escribano, que fue forzado a dejar su escaño tras apuntar la policía sus sospechas de que había sido obsequiado con un Porsche a cambio de mediar ante la Xunta a favor de una empresa. La falta de pruebas fue vital para archivar el caso, aunque el juez mostró su seguridad de que una filtración lo había desbaratado.
Pablo Cobián tuvo que seguir los mismos pasos para salir del Parlamento, al verse inmerso como imputado en la operación Campeón. La Justicia ya ha archivado su implicación en una de las piezas separadas de la causa que gira alrededor del empresario lucense Jorge Dorribo. En el mismo cierre judicial se zanjó la imputación que recaía sobre la ahora conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, liberada así de sospechas como le ocurrió por otros casos al ahora conselleiro José Manuel Rey cuando era alcalde de Ferrol; al también conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, cuando era regidor de Baiona, o a Agustín Hernández cuando estaba en el Gobierno gallego. Ninguno de ellos fue forzado a dimitir.
La pieza principal del caso Campeón le costó a Cobián sin embargo una imputación más relevante y propició que Feijoo apartase de sus puestos también al entonces director del Igape, Joaquín Varela de Limia, y a su segundo, Carlos Silva. Ambos habían sido detenidos, circunstancia que en el PP determina el cese o dimisión inmediata.
El PP gallego cuenta sin embargo con una larga lista de políticos en activo imputados como la parlamentaria Marisol Piñeiro, presidentes provinciales como Rafael Louzán, o varios alcaldes, que arrastran causas desde el anterior mandato.
Los detenidos, dimiten
El precepto de detención igual a dimisión fue ejecutado por el presidente en la misma operación Patos, en la que el primer político imputado, José Álvarez Valverde, fue obligado a dimitir tras salir del calabozo. Adolfo Gacio, también tuvo que dejar su cargo de alcalde de Boqueixón tras pedírselo el partido después de ser detenido en la Pokemon, camino que igualmente tuvieron que seguir los dos ediles populares del caso Gondomar Alejandro Gómez y José Luis Mosquera. Conde Roa, primero, y Celso Currás después, además de varios concejales de Santiago y por diversas causas, también acabaron siendo apartados tras sus imputaciones.