Las obras adjudicadas a Eiriña por la Diputación de Pontevedra en el último mandato de Louzán, merecen casi todas el mismo reproche por parte de la Intervención General del Estado, llamado a opinar sobre la tramitación de los concursos que relacionan a empresa y organismo provincial.
Las subvenciones otorgadas por la Diputación a diversos organismos y que dieron origen a obras en favor de Eiriña, no siguieron en casi su totalidad «los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación», advierte Intervención General, que indica que desde el primer momento «la adjudicación no se debió de llevar a efecto».
Apunta la UDEF que una vez abiertos los concursos se llegaron a «amañar» las puntuaciones. Para demostrarlo reproduce una llamada del dueño de Eiriña a uno de sus técnicos donde le pregunta cuánta diferencia en puntos debe de haber entre ellos y los segundos en el concurso de la reforma del campo de fútbol de Coia, en Vigo. «Estuve comiendo con él [por el vicepresidente Figueroa] y me preguntó eso, porque va a estar ahora con el sheriff», apelativo con el que los investigadores identifican en ese diálogo a Louzán.
Reproches por la crisis
La policía judicial habla de «cobertura» de otras empresas con presupuestos menos ventajosos que el de Eiriña en casos como la mejora del campo de fútbol de O Buelo (Moraña); de fraccionamiento de contratos para eludir concursos; modificados no permitidos por el pliego de contratación, y sobre todo valoraciones técnicas en varias adjudicaciones de la Diputación a favor de la empresa donde no se puede analizar su objetividad al carecer el expediente de toda justificación de las puntuaciones, lo que la UDEF advierte genera «mayor discrecionalidad».
Pero no solo la UDEF y la Intervención General del Estado ponen objeciones a las obras otorgadas a Eiriña. El propio interventor de la Diputación advirtió cuando se adjudicó la obra del campo de fútbol vigués de Coia que «ante la grave situación de crisis económica actual, por parte de la Diputación se debería optimizar los recursos existentes. Este convenio [900.000 euros] no es una necesidad básica y se trata de un gasto que se debería evitar», dice el interventor provincial, que además cuestiona la legalidad de la subvención directa y sin concurso para el campo.