El TSXG ordena al Colegio de Ingenieros Industriales que reabra sus sedes en 5 ciudades

Miguel Cabana
Miguel cabana LUGO / LA VOZ

GALICIA

La sentencia considera que cerró ilegalmente los locales de Santiago, Ferrol, Ourense, Lugo y Pontevedra

03 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

En abril del 2013 el Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia acordó en una controvertida junta general extraordinaria modificar su organización territorial, dejando dos sedes en A Coruña y Vigo y cerrando las cinco oficinas de las delegaciones de Ourense, Lugo, Ferrol, Santiago y Pontevedra.

Además, retiraba a las cinco delegaciones las atribuciones administrativas como el visado de proyectos, contabilidad, archivo de documentos, consulta de normas, acceso a biblioteca o cobro de honorarios. También dejó sin local a las cinco delegaciones y despidió a su personal. Los colegiados afectados por el cierre de las cinco delegaciones son más de 600 de los 1.500 que tiene el colegio en Galicia.

Varios ingenieros industriales de Ourense recurrieron la medida por su cuenta por considerar que el acuerdo no era conforme a derecho y debía anularse. El TXSG les ha dado la razón y ha declarado nulo el acuerdo por vulnerar los propios estatutos del colegio. La sentencia además constata diversas irregularidades en la junta general que tomó ese acuerdo, ya que hubo un cambio de documento entre el aprobado por la junta de gobierno para enviar a los colegiados y el finalmente enviado desde la sede central de A Coruña a los colegiados para la junta general. También apreció irregularidades en los votos delegados entre numerosos colegiados que no podían asistir a la asamblea.

Los estatutos establecen que el colegio se organiza en sede central y siete delegaciones situadas en las siete principales ciudades gallegas, y que para que las delegaciones puedan llevar a cabo sus atribuciones ya mencionadas, deben tener local propio o alquilado y personal administrativo necesario.

Reincorporar al personal

Uno de los recurrentes, el ourensano Antonio Seara, calcula que coste para el colegio de la reestructuración ahora anulada, entre indemnizaciones por despidos y gastos, superará los 260.000 euros, ya que todos los despidos fueron declarados judicialmente improcedentes.