La supresión de las tasas multiplica las apelaciones en los juzgados

maría santalla REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

VÍTOR MEJUTO

Los despachos de abogados detectan que tras la retirada de las tarifas impuestas por Gallardón se interponen más contenciosos y bajan las peticiones de justicia gratuita

27 jul 2015 . Actualizado a las 04:00 h.

La supresión de las tasas judiciales, que entró en vigor el 1 de marzo, está teniendo ya sus primeras consecuencias. Los operadores jurídicos constatan que desde entonces han crecido los recursos de apelación y los primeros datos desvelan también que se están interponiendo más recursos contencioso-administrativos y que se están presentando menos solicitudes para abogados de oficio. Algunas tendencias se apuntaban ya durante el primer trimestre -el último del que se dispone de datos oficiales-, cuando el número de casos recibidos por los órganos contencioso-administrativos aumentó un 7,6 % en toda España y cuando la demanda de abogados de oficio bajó en Galicia un 12 %. La razón es clara: apelar un fallo judicial, por ejemplo, suponía, antes de la supresión de las tasas, un desembolso mínimo de 800 euros, una cantidad prohibitiva para muchos particulares. La eliminación de las tasas es uno de los cambios más notorios para los ciudadanos, pero no es la única transformación que ha experimentado el ámbito judicial desde que el pasado otoño el ministro Rafael Catalá sustituía en el cargo a Alberto Ruiz Gallardón.

las tasas

27 millones costaron a los gallegos. Dos años y cuatro meses estuvo vigente el que fue conocido como el tasazo de Gallardón. En ese período los gallegos pagaron en tasas judiciales 27,1 millones de euros, casi 13,4 en A Coruña, 8,16 en Pontevedra, 2,8 en Lugo y 2,78 en Ourense. Las tasas judiciales, que Ruiz Gallardón había defendido como un mecanismo para reducir la litigiosidad y para financiar la justicia gratuita tuvieron una importante contestación social, no solo por parte de los profesionales de la justicia, sino también desde las plataformas ciudadanas. El argumento fundamental, en este caso, era que la obligación de pagar disuadía a muchos ciudadanos de hacerlo y esto derivaba en una justicia para ricos -aquellos que podían hacer frente a las tasas- y otra para pobres, algo que los detractores de las tarifas consideraban impropio de un estado de derecho.

la planta judicial

Contestación en Galicia. El proyecto de Ley de Demarcación y Planta Judicial que manejaba el anterior ministro de Justicia preveía la eliminación de los partidos judiciales, que serían sustituidos por tribunales de instancia de ámbito provincial. En Galicia desencadenó una amplia oposición, puesto que de llevarse a cabo hubiese supuesto la eliminación de partidos judiciales como los de Santiago, Ferrol o Vigo, que precisamente es el que lleva más asuntos de Galicia. La oposición al proyecto llegó no solo de los operadores jurídicos, sino también del ámbito político. Muchos alcaldes, y también la Xunta, reclamaron al ministerio que tuviese en cuenta la dispersión poblacional de la comunidad. Entre los ciudadanos tampoco fue bien visto este proyecto: una encuesta elaborada por Sondaxe para La Voz hace unos meses desveló que el 62,2 % de los gallegos estaban en contra de esta reforma, y solo el 11,2 % se manifestaron a favor, mientras que el 25,5 % no tenían una postura definida. Para aplacar los ánimos se habló entonces de la posibilidad de mantener alguna sede delegada en ciertas ciudades, pero finalmente el diseño de planta judicial fue aparcado por el nuevo gabinete de Justicia.

los registros civiles

Una reforma aplazada. Hasta el mes de mayo, las camisetas amarillas fueron una estampa habitual a las puertas de los juzgados gallegos. Los trabajadores del sector judicial y muchos ciudadanos las vistieron a modo de protesta contra lo que los críticos con la medida calificaron como la privatización de los registros civiles. El proyecto del Ministerio de Justicia consistía en encomendar a los registradores de la propiedad la gestión de este servicio. La medida debía haber comenzado a aplicarse el 15 de este mes, pero finalmente, ante las críticas, Rafael Catalá decidió aplazar su aplicación para negociar con todos los implicados. El 2017 es ahora la fecha marcada para que esa reforma sea una realidad. Mientras, las oficinas del registro civil, que habían dejado de dar cita para la tramitación de bodas, han vuelto a asumir todas sus funciones con normalidad.

Los notarios ya pueden celebrar bodas y divorcios

Pero los cambios que la Justicia ha experimentado en los últimos meses no quedan ahí. Hace unos días entraba en vigor la Ley de Jurisdicción voluntaria. Entre los cambios que incluye quizás el más notorio sea la posibilidad de que las parejas se casen o se divorcien ante notario. De todos modos, en el caso de las bodas esa afirmación tiene matices, puesto que por el momento los notarios podrán celebrar matrimonios, pero no podrán tramitarlos. La tramitación seguirá en manos de los registros civiles por lo menos hasta el 2017.

justicia universal

Medio centenar de narcotraficantes en la calle. Otra de las medidas adoptadas con Gallardón y todavía en vigor fue la que restringió la capacidad de los jueces para perseguir delitos cometidos en el extranjero. Esto, entre otras cosas, dejó en la calle a un buen número de narcotraficantes. Además, cuando el juez Pedraz archivó el caso Couso hace algunas semanas culpó precisamente al recorte de la justicia universal.

código penal

Tres semanas en vigor. Con críticas de los juristas, Catalá sacó adelante la reforma del Código Penal, ya en vigor, que introduce cambios como la prisión permanente revisable o el retraso hasta los 16 años de la edad de consentimiento sexual.

ley del aborto

La caída de Gallardón. Obligado a aparcar su conservadora ley del aborto, Gallardón dimitió el pasado septiembre. El Congreso votó hace diez días una nueva reforma, más moderada.