La Xunta abre el proceso para censar las viviendas vacías en poder de los bancos
GALICIA
La conselleira Ethel Vázquez admite que «queda moito por facer» para garantizar que ninguna familia se quede sin techo en Galicia
18 jun 2015 . Actualizado a las 01:15 h.El Gobierno de Feijoo prosigue con el giro social que ha imprimido a sus políticas coincidiendo con el revés electoral de las municipales. Después de allanar la semana pasada el terreno en un encuentro con el vicepresidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, del que salió el anuncio de un plan para evitar desahucios y garantizar que las familias afectadas puedan continuar en la vivienda en régimen de alquiler social durante tres años, la Xunta inició ayer la tramitación de un decreto por el que obligará a las entidades financieras y de crédito, incluido el banco malo (Sareb), a inscribir sus pisos sin habitar en un censo. El Ejecutivo dispondrá así de un registro que le permitirá saber cuántas viviendas vacías de esas entidades están en situación de ser habitadas en los concellos de más de 10.000 habitantes, para poder planificar su política de ayudas y facilitar su ocupación por parte de las familias con menos recursos.
La conselleira de Medio Ambiente, Ethel Vázquez, explicó ayer que la Administración autonómica carece de datos fiables sobre las viviendas deshabitadas con las que podrían solventar las necesidades de esas familias. El último estudio estadístico en este ámbito fue elaborado por el INE con datos del 2011, y cifraba en 299.396 las viviendas vacías en las cuatro provincias. Pero la Xunta sostiene que ese documento carece de fiabilidad, porque incluye casas que no están en condiciones de salir al mercado, bien por su estado ruinoso o incluso porque se desconocen sus dueños. De lo que sí dispone la Administración es de una base de datos fidedigna de las personas que esperan por una vivienda sujeta a algún régimen de protección en Galicia, ya sea de promoción pública o privada. En el Rexistro de Demandantes figuran inscritas 14.279 personas: 5.751 en la provincia de A Coruña, 1.614 en Lugo, 736 en Ourense y 6.178 en Pontevedra.
Entre las opciones que contempla el Ejecutivo para favorecer la ocupación de esos pisos, la conselleira de Medio Ambiente señaló la posibilidad de que el Instituto Galego de Vivenda (IGVS) adjudique algunos por medio del Rexistro de Demandantes, ya sea para su alquiler o compra. También baraja facilitar fórmulas de concertación de alquiler o compra entre propietarios y demandantes. Y otra alternativa es incorporar parte de las viviendas del censo, siempre que el propietario esté de acuerdo, a los programas de fomento del alquiler del IGVS y los concellos. Aunque el proceso arrancó ayer, con la publicación en el DOG del anteproyecto correspondiente, la Xunta calcula que la aprobación del decreto que regula la creación del censo deberá esperar al último trimestre del año.
El Ejecutivo admite que los potenciales beneficiarios de sus ayudas de vivienda ignoran que existen
Una autocrítica recurrente en el discurso de Feijoo es la necesidad de que su Gobierno comunique mejor sus decisiones. La conselleira Ethel Vázquez profundizó ayer en esa reflexión. Asumió las dificultades de su departamento para que la información de los programas de ayudas en materia de vivienda lleguen a sus potenciales beneficiarios. El problema es incluso de mayor calado, porque hasta los servicios sociales de muchos concellos ignoran los medios que la Xunta pone a disposición de las familias con menos recursos o afectadas por ejecuciones hipotecarias. «Os programas non chegan aos afectados, non chega a información ás familias que o necesitan», lamentó Vázquez. El Ejecutivo ya ha tratado el problema con la Fegamp, para mejorar la comunicación con los concellos.
Soluciones para 500 familias
La Xunta tiene activo el programa de realojo para las familias más desfavorecidas que resulten afectadas por desahucios. Desde el 2013, ha adjudicado 45 viviendas, pero 5 beneficiarios renunciaron. También se han concedido 157 pisos a personas en situación de extrema dificultad, como víctimas de violencia machista. Y a través del programa Reconduce se dio solución a 300 familias.
Por otra parte, la Xunta reconoce retrasos en las ayudas al alquiler, que achaca a la recepción incompleta de documentación. Asegura que nadie perderá esos recursos porque son ayudas que tienen carácter retroactivo.