Dos años de un conflicto que ahora se reabre en los juzgados

Los concellos que se rebelaron contra la subida del 34 % en el canon de Sogama que la Xunta impuso en marzo del año pasado han cumplido su amenaza y el conflicto proseguirá en el Constitucional. Hace ahora un año, los alcaldes de la veintena de ayuntamientos que rechazaron pagar el tasazo ya advirtieron de su intención de acudir al Constitucional. Esgrimieron incluso que contaban con el visto bueno de juristas que avalan el rechazo a la revisión unilateral de las tarifas del contrato. Pero no hubo más movimientos. Hasta ahora. Entretanto, la Xunta aprobó el diciembre pasado la resolución en la que estableció nuevas condiciones de adhesión al sistema de recogida de residuos, abrió la puerta a los que quisieran desvincularse y lanzó un órdago, al dotarse de las facultades legales para poder detraer los impagos a los concellos díscolos a través de las partidas del Fondo de Cooperación Local.

Pero el Ejecutivo no mordió. Al contrario. En el inicio de este año electoral, aplicó en enero una rebaja del 10 % en la tasa que 10 meses antes había subido un 34. El resultado es que los concellos pagan ahora 73,9 euros (IVA incluido) por tonelada de basura que envían a Sogama, cuando antes del tasazo abonaban 61,5.

Sentencia que obliga a pagar

Aunque el número de concellos insumisos fue bajando, a principios de este año todavía eran 18 (9 gobernados por el PSOE, 8 por el BNG y uno por Tega) los que no habían abonado las facturas, bien de forma total o parcial (esto es, sin la subida de marzo del 2014). Hace unas semanas, el conflicto se cobró una primera víctima judicial. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra condenó al Concello de Catoira (PSOE) a pagar a Sogama 19.748 euros por las facturas que no abonó. Pero la guerra de la basura entra ahora en una nueva fase con la llegada al Constitucional de un caso al que le queda mucho recorrido.

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