Catalá: «Vamos a mantener la organización territorial de la Justicia en Galicia»

Llegó al Ministerio de Justicia el 29 de septiembre y, con catorce meses de legislatura por delante, le dio la vuelta a la tortilla que había dejado en sus manos el exministro Ruiz Gallardón. Ocho meses después de haber cogido el testigo, Rafael Catalá, que estuvo ayer en Galicia, dice que lo que ha hecho es «aprovechar el trabajo de la etapa anterior, aprobando leyes que reformen la Justicia y que cuenten con el consenso de los implicados». Sobre la reforma de la planta judicial planteada por su antecesor, confirma lo ya prometido a Alberto Núñez Feijoo en octubre pasado: «Vamos a mantener la organización territorial del poder judicial tal y como la conocemos en la actualidad». También aseguró que la Justicia actuará de forma «absolutamente independiente» en el caso Alvia.

-Aunque se precise una reforma, ¿confirma el compromiso de mantener los juzgados que hay en Galicia y las cabeceras judiciales en Vigo, Santiago y Ferrol?

-Son necesarias muchas reformas de organización, de reglas procesales, de incorporar nuevos medios tecnológicos para agilizar la justicia. Estas reformas estamos haciéndolas. En el Parlamento tenemos muchos proyectos de ley enfocados a lograr esos objetivos. Eso no significa que haya que modificar nuestra estructura territorial o que haya que suprimir los partidos judiciales. Creo que la presencia del poder judicial en el territorio y la cercanía de la justicia al ciudadano es muy relevante. En general, tenemos una planta judicial adecuada a las cargas de trabajo actual. De hecho, en la Ley Orgánica del Poder Judicial incorporamos una serie de reglas para mejorar la coordinación, para que cuando un juzgado esté sobrecargado y otro tenga pocos asuntos, pueda haber una redistribución de la carga de trabajo por parte de los decanos o por parte de las salas de gobierno del Tribunal Superior de Justicia. Pero no tiene nada que ver con suprimir los juzgados en el ámbito municipal. La justicia tiene que estar cercana al ciudadano.

-Juzgados como el de instrucción número 1 de Lugo se atascan por macrocausas como la Pokémon, ¿qué solución proponen?

-Tal y como está configurada actualmente la regla de la conexidad implica que cuando hay una investigación, todas las causas conexas que puedan surgir se incorporan a la misma causa y lo instruye el mismo juez. Eso nos lleva a las macrocausas que tardan años en instruirse y que generan la percepción social de que son asuntos que provocan impunidad, que nunca se resuelven. La Ley de Enjuiciamiento Criminal que está en el Parlamento y que se aprobará dentro de unos meses da la vuelta al esquema de modo que cada delito generará una causa y cada causa tendrá su propia sentencia. Serán causas separadas ubicadas en los juzgados competentes, así que no habrá esa acumulación que existe en la actualidad.

-Habla de incorporar las nuevas tecnologías en los juzgados para agilizar el trabajo ¿Va a acabarse al flujo de carritos llenos de papeles?

-De carritos, pero también de papeles porque la idea es papel cero a partir del 1 de enero del 2016 en favor de los soportes electrónicos.

-¿Queda descartado que la gestión de los registros civiles acabe en manos de los registradores?

-A la vista de la discrepancia y la polémica, lo que hemos acordado es aparcar el proyecto para escuchar a todas las partes. Hasta julio del 2017 tenemos tiempo para hacer bien esta reforma contando con todos. Mientras tanto vamos a continuar haciendo cosas como la inscripción de nacimientos desde los hospitales a partir de octubre. ¿Cuál va a ser la solución? No quiero prejuzgarla aún. No sé si finalmente acabaremos encomendándoselo a los registradores o serán los secretarios judiciales, o los secretarios de ayuntamiento... Nos tomaremos tiempo para ver este asunto con el consenso suficiente.

rafael catalá ministro de justicia

«Es injusto dimitir por estar imputado»

Un imputado pasará a ser investigado. El cambio es otra de las novedades que incluye la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ahora está en el Parlamento.

-¿Cree que el cambio de término va a calmar la alarma social que provoca que la imputación de políticos?

-La reforma de la ley va orientada a agilizar la justicia penal, mejorar la instrucción y hacer una justicia de mayor calidad porque es más cercana. En ese contexto, la figura del imputado ha ido distorsionando su percepción social. Técnicamente un imputado no significa otra cosa más que la obligación de comparecer en un juicio asistido por una defensa, un abogado, para esclarecer la supuesta comisión de unos hechos. Pero la percepción que se tiene en ocasiones de esta figura es la de una especie de preculpable y se rompe el principio de presunción de inocencia. Prácticamente le damos la vuelta, otorgándole una presunción de culpabilidad cuando queda por delante toda la instrucción de la causa, la celebración del juicio oral, que el juez dicte sentencia... Deberíamos fortalecer el derecho al juicio justo, a la presunción de inocencia, de manera que no se vean casos como conocemos en los que la mera instrucción de una causa supone un desprestigio para la reputación de una persona o que se abra el debate sobre si una persona con responsabilidad pública deba abandonarla por el hecho de ser imputado.

-¿Y usted qué opina? ¿Deben dimitir los políticos que están imputados?

-Cualquiera estamos al albur de que se nos presente una denuncia, de que un juez la admita a trámite y seamos imputados. ¿Eso significa una inhabilitación para la actividad profesional? En absoluto. Resulta injusto y excesivo. Ya no digo esperar a la sentencia final, que sería lo más ortodoxo, pero habría que aguardar a que un juez verifique que existen razones para abrir juicio oral.

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