La banda del fallecido Patoco y otra que le hacía la competencia suman 148 años de cárcel y multas que superan los 2.900 millones de euros
25 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La sentencia de la Audiencia Nacional que condena a las dos organizaciones de narcotransportistas que hace cinco años monopolizaban las descargas de la droga en Galicia dan para un guion similar al de la película El niño, por la minuciosa descripción que hace del día a día de los clanes que manejaban la infraestructura para la descarga. Potentes lanchas de quince metros de eslora y siete motores, naves en las que se ocultaban las planeadoras, guerras entre los clanes y dos alijos frustrados dieron lugar hace unos años a una minuciosa investigación del grupo Greco de la Policía Nacional que finalizó con una sentencia de 229 folios en la que se condena a quince acusados a 148 años de cárcel y se les imponen multas que superan, en total, los 2.900 millones de euros.
Los agentes de Greco-Galicia ya le seguían la pista a Manuel Abal Feijoo, Patoco, desde el año 2007, pero el cambadés tenía una organización bien estructurada de la que cobraba un grupo de personas solo por vigilar que ni la Policía ni los agentes de Aduanas anduviesen cerca, lo que dificultaba el seguimiento.
Pero Patoco murió el 8 de noviembre del 2008 en un accidente de tráfico, y ese desenlace mortal precipitó las cosas. Por un lado, sus subalternos tuvieron que ponerse al mando, y por otro la competencia tranquila que tenían con otro grupo que operaba en la ría de Arousa, el de Juan Carlos Fernández Cores, se rompió. Un incendio nunca aclarado en una nave de Catoira en la que se guardaban las lanchas y dos alijos de droga frustrados provocaron la operación Tabaiba, el mayor golpe a las redes de narcotransportistas en Galicia. De hecho, hubo un antes y un después de esa investigación. Los clanes gallegos nunca volvieron a tener a su disposición los medios que manejaban entonces. Todo fue confiscado por las fuerzas del orden.
La lancha de Nigrán
El fallo dictado por la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional da la razón a los investigadores en la mayor parte de sus argumentos. La sentencia considera probado que la organización de Patoco, tras adquirir una potente lancha con siete motores en Milán, quiso descargar un alijo de cocaína enviado por los colombianos, pero un problema en las coordenadas frustró el desembarco y el precinto de la embarcación y de la nave de Catoira en la que se guardaba. Estaba el cabecilla tratando de resolver un robo de motores del que había sido víctima, cuando la muerte lo sorprendió en un accidente de tráfico que sufrió en Vilagarcía.
Los problemas acababan de empezar. Los suyos tuvieron que coger el mando con Gregorio García Tuñón al frente y, en febrero del 2009, lo intentaron de nuevo. Pero por razones que se desconocen, otra lancha fueraborda apareció varada en una playa de Nigrán. Horas después, los agentes de Aduanas abordaron en alta mar el buque Doña Fortuna, que llevaba 4,5 toneladas de coca, alijo que debía recoger la planeadora.
Alijo frustrado en Muxía
Mientras la banda de Manuel Abal sufría estas vicisitudes, seguía trabajando la de Juan Carlos Fernández, que en vida de Patoco compartían o intercambiaban negocios siempre que convenía. Pero la suerte también les abandonó. En diciembre del 2008, el cabecilla viajó a Colombia para cerrar un transporte de coca y un mes después se puso en marcha un dispositivo para descargar la droga en la playa Arnela de Muxía. Pero las fuerzas del orden andaban detrás y una parte de la organización tuvo que huir en la planeadora y la otra, por tierra. Del mar se recogieron 122 fardos con cerca de tres toneladas de coca.
La sentencia condena a la mayoría de los integrantes de las dos organizaciones -quince en total-, con la excepción de algún colaborador cuya participación no pudo ser probada. A Gregorio García Tuñón, como heredero de Patoco, le cayeron 13,6 años de cárcel y una multa de 483 millones de euros, y al otro cabecilla, Juan Carlos Fernández Cores, 13,6 años y 325 millones. Las penas de los demás oscilan entre nueve y once años, y la totalidad de las multas impuestas ascienden a 2.903 millones de euros.
Cuando se cerró la operación Tabaiba, entre los detenidos no figuraban solo los narcotransportistas, sino también los responsables de los talleres y astilleros que habían colaborado con ellos, bien en la fabricación de las lanchas, bien en el suministro de material. La Policía entendía que sabían que hacían negocios con una organización de narcotraficantes. Sin embargo, la Audiencia Nacional no lo considera probado. Con relación a la persona que les vendió la lancha de Nigrán, por ejemplo, se dice que «parece evidente» que una embarcación de esas características se va a utilizar para el narcotráfico pero «no es suficiente para enervar su derecho constitucional a la presunción de inocencia». Por esos y otros motivos similares se absuelve a once de los 26 encausados.