Tras recordar Educación a los centros que no pueden proyectarse íntegramente obras audiovisuales, deberán pagar 1,25 euros por alumno y año si quieren hacerlo
26 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.En enero de este año entró en vigor la nueva Ley de Propiedad Intelectual. Unos días antes, la Consellería de Educación envió a los centros educativos una circular en la que recordaba que no pueden proyectarse íntegramente obras audiovisuales, es decir, películas, series o documentales. En realidad lo hicieron porque los productores audiovisuales se pusieron en contacto con la Xunta preocupados porque algún colegio o instituto no tuviese suficiente conocimiento de la normativa, lo que podría conllevar «con ou sen intencionalidade, a unha vulneración dos dereitos de propiedade intelectual».
Al final esta recomendación ha ido más allá de una simple circular y los directores de los centros han recibido hace unos días una carta en la que se les permite adquirir una licencia si quieren usar contenidos audiovisuales de forma íntegra. Se trata de la licencia educativa Egeda, una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual, que ofrece utilizar durante todo el año contenidos audiovisuales sin límite de proyecciones por un precio acordado con la Xunta de 1,25 euros al año por alumno, sin incluir IVA.
La Consellería de Educación confirma que ha llegado a un acuerdo con esta entidad, que asegura ofrece un abanico de películas amplísimo. Para un colegio de infantil y primaria de dos líneas -dos aulas por curso-, adquirir la licencia supondría unos 680 euros al año.
Los centros son los que tienen que abonar estas licencias, con cargo a la partida de gastos de funcionamiento. La ley de propiedad intelectual impide proyectar obras audiovisuales íntegras, aunque sí permite emitir un extracto poco relevante sobre el conjunto de la obra, siempre que esté ya divulgada, e incluyendo el nombre del autor y la fuente salvo que resulte imposible.
La CIG-Ensino en su momento llevó a la mesa sectorial una petición para derogar esta circular de Educación, y ahora exige que se prohíba el cobro y el negocio de empresas privadas en los centros educativos. De hecho, hacen un llamamiento a los colegios e institutos «para que non paguen ningún ?imposto? por realizar o seu traballo e que continúen usando todo tipo de ferramentas que son necesarias para realizar o seu traballo coa maior eficacia posible». En todo caso, si existe algún tipo de conflicto entre los gestores de los derechos audiovisuales y los centros, el sindicato nacionalista considera que debe ser la Xunta la que pague el uso de los mismos.