La Xunta exige a Caballero que cese al interventor antes del 17 de mayo

Juan Manuel Fuentes Galán
juanma fuentes VIGO / LA VOZ

GALICIA

Carmela Silva, Abel Caballero y el interventor Luis García (derecha) en un pleno reciente.
Carmela Silva, Abel Caballero y el interventor Luis García (derecha) en un pleno reciente. M.MORALEJO

El ultimátum busca que nombre a un técnico con la categoría legal exigida

24 mar 2015 . Actualizado a las 09:25 h.

El alcalde de Vigo deberá cesar al interventor del Concello de Vigo antes del 17 de mayo previa convocatoria para designar a un nuevo responsable de la fiscalización económica municipal. Este es el ultimátum que ha trasladado la dirección xeral de Administración Local a Abel Caballero con el objetivo de acabar con la situación irregular en que se encuentra la mayor ciudad de Galicia.

La normativa vigente establece que ocupe este cargo un interventor de categoría superior en los municipios de más de 20.000 habitantes, pero en Vigo desde hace más de tres años está al frente de este departamento un interventor de entrada. Lo que en principio planteó Caballero como una situación provisional, aceptada por la Xunta, se alarga en el tiempo y la dirección xeral parece haber perdido la paciencia.

Lo más llamativo de este caso es que la ley de grandes ciudades permite a los alcaldes elegir al interventor que prefieran siempre que sea de categoría superior, y lo mismo ocurre con los demás puestos de habilitación nacional de los concellos (secretarios y tesoreros, principalmente). Paralelamente, también puede cesarlos sin dar explicaciones, con el único requerimiento de mantenerlos en la plantilla municipal.

De hecho, el origen del actual conflicto data de febrero del 2012, cuando Caballero decidió relevar al entonces interventor, Juan Ramón González Carnero, quien habría elaborado informes que no gustaron al regidor. Como solución provisional, el alcalde planteó el nombramiento de Luis García Álvarez por un año. Finalizado este tiempo, se realizó un segundo nombramiento por otro año, el máximo legalmente permitido.

En estas condiciones, Administración Local lleva más de un año tratando de regularizar la cúpula de la Intervención de Vigo, sin resultado. Inicialmente se negó a ampliar el mandato de Luis García, pero en noviembre pasado aceptó un último nombramiento de seis meses que finaliza el 17 de mayo. Fuentes autonómicas insisten en que no habrá más prórrogas y que llegada esta fecha si Caballero no ha nombrado un interventor de categoría superior «se pondrá en conocimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas». Explican que «no está habilitado para seguir al frente de la Intervención de Vigo ni un día más después de esa fecha».

Aunque la Xunta informó inicialmente en abril del año pasado en contra de que siguiera Luis García en el puesto, finalmente lo aceptó tras un largo tira y afloja con el interesado y con el propio Concello. Sin embargo, se trató de una decisión «absolutamente extraordinaria» que no va a tener continuidad.

En medios municipales se considera a Luis García como una persona próxima a Caballero, que en el pasado fue concejal del PSOE en el vecino municipio de Nigrán. En estos momentos atraviesa momentos difíciles ya que acaba de ser imputado por el presunto contrato ficticio a la cuñada de Carmela Silva.

El PP pide otra vez el pleno sobre el presunto enchufe de la cuñada de Carmela Silva

La pasada semana Caballero rechazó la petición del PP, apoyada por el BNG (16 de los 27 concejales), de celebrar un pleno extraordinario sobre la presunta contratación ficticia de una cuñada de Carmela Silva. El hecho está siendo investigado por un juzgado vigués, que ha imputado a la beneficiaria, Vanesa Falque, y a tres funcionarios municipales (dos interventores y el responsable del departamento de Participación Ciudadana).

La petición fue rechazada por el alcalde, que lo justificó con un informe contrario del secretario. Ante ello, el PP anunció que hoy pedirá de nuevo el pleno modificando el texto de acuerdo con lo expuesto por el secretario.

Pese al aplazamiento, la polémica por este asunto sigue viva. Ayer Silva acusó a Elena Muñoz, candidata del PP a la alcaldía, de acudir a actos de instituciones gobernadas por el PP «pese a no ostentar cargo público alguno desde que dejó de ser conselleira». Por ello anunció iniciativas parlamentarias en Madrid y Santiago.

La respuesta del PP fue inmediata. El concejal Miguel Fidalgo pidió a Silva que «si habla de algo tendría que hacerlo de lo que pasa con el contrato de su cuñada».

La afectada, que ayer tarde estuvo con Feijoo en una visita a una sede judicial, dijo que iba adonde le llamaban y se extrañó de que no hubiera nadie del gobierno municipal, que habían sido expresamente invitados.