Hoteles y urbanizaciones de chalés a pie de playa acumulan sanciones, pero eluden sentencias firmes de demolición mientras crece el derribo de pequeñas edificaciones
27 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.En el combate contra el feísmo en Galicia hay distintas velocidades. Más allá del debate sobre la avidez de reformas legislativas que han normalizado como parte del paisaje los abusos que lo acribillan, la piqueta tampoco actúa con la misma diligencia en las grandes construcciones que en viviendas unifamiliares y galpones. Mientras hoteles y urbanizaciones a pie de playa esquivan órdenes de demolición, en la mayoría de los casos refrendadas por sentencias, pequeños propietarios se aplican en derribar edificaciones levantadas sin licencia o en suelo protegido. En el 2014, demolieron de forma voluntaria 128 construcciones a instancia de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu), que tiene sobre la mesa expedientes de obras de mayor impacto que llevan años atascados.
Uno de los casos más antiguos es el de la urbanización Os Raeiros, 52 apartamentos edificados en San Vicente do Mar (O Grove). Aunque afectaban a suelo rústico, las obras fueron autorizadas como instalación turística por una resolución de la Consellería de Política Territorial en abril de 1992. Un año después, en junio de 1993, se le otorgó licencia para construir un apartotel. Pero la edificación dio lugar a 52 chalés de lujo, que sus propietarios pagaron a 540.000 euros.
Al constatar la Xunta, a instancias de una denuncia del BNG, que la edificación no se destinó al uso previsto en la licencia, resolvió en abril del 2007 que las obras ejecutadas constituyen una parcelación urbanística en suelo rústico prohibida, y ordenó devolver la parcela a su estado original. Tras la imposición de varias multas coercitivas, la Aplu acordó la demolición en marzo del 2010. El Supremo ratificó en el 2013 una sentencia en ese mismo sentido del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) del 2010, al que había recurrido el promotor. Como a la Axencia no le consta que se haya cumplido la resolución, está imponiendo multas coercitivas a los propietarios. Al promotor (Iproin Galicia S. L.) ya lo sancionó con 600.000 euros. Pero el complejo sigue en pie.
En la misma localidad grovense de San Vicente do Mar está el cámping de O Curro. La Aplu ordenó en enero del 2013 la demolición de las obras de 24 bungalós de 42 metros cuadrados. En octubre pasado se desestimó el recurso de los interesados. La Axencia sostiene que, en caso de no cumplir la orden de derribo, empezará a imponer multas coercitivas.
En el concello pontevedrés de Vilaboa, en la localidad de Paredes, se encuentra una edificación dedicada a uso hotelero sobre la que pesa una orden firme de demolición desde el 2005. Después de seis multas coercitivas, la Aplu acordó a finales del 2011 la ejecución subsidiaria, es decir, el derribo por la Axencia a costa del propietario. El TSXG declaró firme esa ejecución subsidiaria el 20 de noviembre pasado. La Aplu está redactando el proyecto. Al margen de otros casos con resoluciones que todavía no son firmes, como la orden de derribo de 9 viviendas prefabricadas en la playa de Xestelas (A Illa) y de seis casas en terrenos de la Red Natura en Pao (Camariñas), uno de los más llamativos es el del Talaso de Oia. El TSXG declaró nulas en marzo del 2009 las licencias que el Concello concedió en el 2000, lo que obliga a demoler, como reiteró el tribunal en abril del 2013. La Axencia Urbanística señala que el Concello de Oia, a quien compete el derribo, está redactando el proyecto.