La red, dirigida por un coruñés, solicitaba a farmacias anticancerígenos a precio de mercado español y los revendía en Europa mucho más caros. Ya son 49 los detenidos
10 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Padres de niños con cáncer levantaron la liebre. No encontraban los fármacos recetados a sus hijos en las farmacias. A partir de ese momento, la Guardia Civil investigó lo que estaba ocurriendo y el destino de los medicamentos. Nacía la operación Noisa.
Tirando del hilo, los agentes, incluidos varios miembros enviados desde Madrid, llegaron el pasado 11 de noviembre hasta la farmacia Burgueño, ubicada en el número 66 de la ronda de Outeiro y a un almacén anexo, así como a otra botica en el número 34 de la calle Doutor Casares, en Monforte de Lemos, donde procedieron a un exhaustivo registro e incluso al precinto de los dispensarios.
Ese mismo día los guardias también procedieron a realizar varias detenciones: «Al menos once individuos tuvieron que pasar por la comisaria de la Guardia Civil de Lonzas», dijeron en aquel momento fuentes próximas a la investigación.
Y entre los arrestados estaba Carlos Iván López López, nacido en Sarria hace 68 años, pero vecino de A Coruña, al que ahora los investigadores señalan como la persona «que tenía un acceso y control absoluto de la organización y de las líneas de adquisición y distribución de los medicamentos». Entre los principales encausados también se encuentran sus hijos, Javier y Noa López Domínguez. A los tres un juez les envió a la prisión de Teixeiro el 13 de noviembre, dos días después de los registros llevados a cabo en las farmacias, tras imputarles delitos contra la salud pública, integración en organización criminal, falsedad documental y blanqueo de dinero.
Pero la operación no se había cerrado en Galicia. Las investigaciones permitieron detener a otras 46 personas, doce de ellas farmacéuticos, en varios puntos del territorio español, sobre todo en Barcelona, Valencia y Madrid.
La red desmantelada solicitaba a las farmacias medicamentos a precio de mercado español, tasado y regulado, y se revendía a terceros países, sobre todo a Dinamarca, Reino Unido, Suiza y Holanda, a precio de mercado libre, por supuesto muy superior, por lo que obtenían cuantiosos beneficios que, según la agencia Efe, pudieron llegar hasta los 40 millones de euros.
Las farmacias contactadas por los miembros de la trama criminal conseguían los medicamentos a través de sus proveedores habituales. Cuando el pedido estaba en su poder llamaban a los participantes en la red que enviaban a personas contratadas por la trama, agentes, a recogerlo; o bien requerían el servicio de empresas de paquetería. En cualquier caso el transporte de los fármacos se realizaba sin ningún tipo de control ni garantizaba una conservación adecuada de los medicamentos, lo que significaba un altísimo riesgo para la salud del consumidor final.
Pero para que sus trapicheos no fuesen descubiertos, la red criminal creó un entramado de más de cuarenta empresas pantalla, sociedades que utilizaban como tapadera y de esta forma eran capaces de justificar los envíos.
Estas compañías fantasma supuestamente creadas por el coruñés Carlos Iván López López también eran utilizadas para desarrollar la ingeniería contable, para lograr de forma muy efectiva cuadrar las actividades económicas del tráfico ilegal de medicamentos.