La Administración autonómica aumenta la presión sobre los concellos insumisos después de aprobar la rebaja del 10 % que suavizará el impacto del «tasazo» en el inicio del año electoral
20 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.La advertencia de penalizaciones económicas a los concellos insumisos con el tasazo de Sogama llevaba un año sobre la mesa. Mientras los alcaldes de los ayuntamientos donde no gobierna el PP planteaban en el otoño pasado una batería de medidas para boicotear la subida del 34 % en el canon que cobra la sociedad pública, los populares daban forma a través de los Orzamentos de las cautelas legales para responder a una insumisión activa que podía poner en jaque el sistema mayoritario de recogida y tratamiento de la basura. Aunque finalmente los díscolos no llegan a la mitad del centenar anunciado, la Xunta se ha decidido a activar esa opción de retener el importe adeudado por el concello moroso en la partidas que le corresponda del Fondo de Cooperación Local. La decisión del Ejecutivo de suavizar el tasazo un 10 % coincidiendo con el próximo año electoral no enfría el interminable conflicto de la basura.
¿Cuál es el origen de este enfrentamiento entre la Xunta y los concellos?
Las tensiones sobre el canon que aplica Sogama se remonta al otoño del 2013, cuando el Gobierno de Feijoo anunció oficialmente una subida del 34 % sobre la que la sociedad pública llevaba varios meses trabajando. La Xunta achacó ese incremento del canon a la repercusión en la cuenta de resultados de Sogama de la reforma energética promovida por el Gobierno central. Esos cálculos se realizaron de acuerdo con borradores del Ministerio de Industria de lo que iba a ser el nuevo marco. Según explicó entonces la Xunta, la reforma tal y como estaba planteada podía reventar el motor del negocio de la sociedad con sede en Cerceda, que se fundamenta en la comercialización de la electricidad generada a partir de la incineración de los residuos. Ese escenario inicial contemplaba la supresión de las primas que percibía Sogama por esa energía, lo que llevó a la Xunta a cargar sobre los concellos las supuestas pérdidas por la venta de electricidad. Al financiarse únicamente de esos ingresos procedentes de la energía y del canon que cobra a los ayuntamientos adheridos, el Gobierno autónomo sostuvo que la merma en el primer concepto abocaba a la subida del segundo.
¿Cuáles son las claves de esa brecha en la relación con los ayuntamientos?
El encarecimiento de un 34 % en la tarifa que Sogama cobra a los concellos enervó a los alcaldes, que acusaron a la Xunta de actuar de forma unilateral para cargar a los municipios una gestión de la empresa que denunciaron como deficiente. Las dos partes abrazaron el diálogo sin éxito. En principio, la Administración propuso retrasar la entrada en vigor de la subida de enero a julio, lo que reduciría a la mitad su impacto real en las cuentas locales de este año. Pese a que los vicepresidentes que representan a PSOE y BNG en la dirección de la Fegamp no desacreditaron de entrada esa alternativa, las cúpulas de los dos partidos descartaron un acuerdo que entendían que los hacía cómplices de la subida ante los ciudadanos. A partir de entonces, el enfrentamiento político se avivó. Los concellos donde no gobierna el PP se organizaron para estudiar medidas de boicot al tasazo. Y la Xunta adoptó las cautelas legales para hacer frente a los posibles impagos de una tarifa imprescindible para garantizar la viabilidad de Sogama.
¿Qué medidas adoptaron los concellos críticos y cómo reaccionó la Xunta?
Los ayuntamientos barajaron varias medidas de presión, aunque no llevaron todas a la práctica ni todos los concellos previstos se implicaron en la batalla. El órdago que más daño podía hacer a Sogama era la devolución de facturas, sobre todo si como se anunció un centenar de ayuntamientos participaban de la insumisión. Eran menos que los no beligerantes, aunque la presencia de ciudades como Vigo, Ourense, Lugo y Pontevedra implicaba que los objetores supusieran la mitad de la población atendida por Sogama. El agujero en sus cuentas sería colosal. Ante ese riesgo, la Xunta llevó a la Lei de Orzamentos del 2014 la potestad que ahora activa de detraer los impagos de la nueva tarifa del Fondo de Cooperación Local que corresponda al concello insumiso. Finalmente, la subida se impuso y el canon de Sogama se incrementó en marzo de 61,5 a 82,1 euros por tonelada. Ahí comenzó el proceso de devolución de facturas por los concellos críticos. Aunque en principio fueron más de 20, en la actualidad son 18 los que siguen esa lucha. Tan significativos como los que no pagan son los que optaron por hacerlo, como Vigo, Ourense y Lugo, con gobiernos socialistas.
¿Por qué el Ejecutivo aplicará ahora una rebaja del 10 % tras subir un 34?
Por las gestiones ante Industria para que Sogama tuviera un trato singular en la reforma energética. Tras barajar incluso un segundo tasazo del 25 % en el 2015, si no se conseguía minorar el impacto del nuevo marco, el escenario mudó en junio. El ministerio de José Manuel Soria aceptó las alegaciones del Gobierno de Feijoo. En síntesis, Sogama se aseguró unos ingresos por venta de energía por encima de los precios de mercado, con lo que compensa en parte la supresión de las primas que le reportaba esa comercialización. Esto se traduce en 18,6 millones al año, lo que permite a la Xunta aplacar a los alcaldes en año electoral con una rebaja del canon del 10 %.
¿El canon resuelve las incertidumbres en las cuentas de Sogama?
No. Esas incertidumbres son tres. Una deuda de 33,65 millones en préstamos pendientes de amortizar; 25,7 millones de la deuda subordinada con la Xunta y Gas Natural; y un conflicto competencial con el Estado que puede obligar a devolver 17 millones por cobro indebido de primas. Sogama entiende que los dos primeros puntos no representan una amenaza, porque su plan de viabilidad contempla los vencimientos para devolverlos. En cuanto al conflicto de competencias, cree que lo ganará. En caso contrario, la empresa asegura que pagará con sus fondos esos 17 millones.
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