El juez de la trama forestal denuncia la falta de medios y de apoyo de la Xunta para avanzar en la instrucción
GALICIA
Se queja en los escritos de que el Gobierno autonómico, en contra de los expresado públicamente y en el Parlamento, está haciendo más bien poco para que el caso se esclarezca
19 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión, Iván Barallobre, que se encarga de la trama de ayudas a la reforestación conocida como caso Maceiras, ha emitido dos providencias en las que denuncia la falta de medios y censura la negativa de la Xunta a colaborar para el avance de la instrucción.
Barallobre, que ayer tomó declaración a más afectados, mientras otros se sometían a las pruebas caligráficas para demostrar que les falsificaron sus firmas, se queja en los escritos de que el Gobierno autonómico, en contra de los expresado públicamente y en el Parlamento, está haciendo más bien poco para que el caso se esclarezca.
De hecho, anula la digitalización de los expedientes, solicitada por la Fiscalía, porque no la considera imprescindible y porque no cuenta con recursos para llevarla a cabo «en vista del oficio remitido por la Xunta de Galicia el día 10 de julio de 2014 en el que se deniegan los medios personales y materiales solicitados para llevar a cabo la digitalización de la presente causa, indicando que dicha digitalización se lleve a cabo con los medios con los que cuenta el juzgado».
Esos medios son dos funcionarios «que han de seguir tramitando el resto de expedientes» y un escáner «que al mismo tiempo desempeña las funciones de única fotocopiadora y fax del juzgado» dado que «no se ha adoptado ninguna medida de refuerzo para la instrucción de esta causa» pese a que las diligencias previas ya van por los 16 tomos «sin contar las piezas separadas», detalla una de las providencias.
En la otra, Barallobre determina que se una al proceso «el escrito de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de fecha 19/09/2014 poniendo de manifiesto que a pesar de haber transcurrido casi cuatro meses desde la entrega del requerimiento judicial para que la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia remita determinada documentación todavía no se había realizado la misma».
Esta documentación, según fuentes del caso, sería la relación de los contratos firmados por el Gobierno autonómico con las empresas de Manuel Maceiras, el principal imputado junto a otra treintena de personas, entre las que hay desde funcionarios de la Xunta hasta trabajadores bancarios.