La revisión pedida por 65 municipios provocará subidas en tributos como el IBI o el IRPF
24 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.Sesenta y cinco ayuntamientos gallegos han solicitado al Ministerio de Hacienda que a partir del 1 de enero del próximo año se revise el valor catastral de los inmuebles. Dicho «reajuste», que se llevará a cabo aplicando unos coeficientes automáticos de actualización (fijados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2015) se traducirá en el caso de Galicia en un rejón nada desdeñable a los bolsillos de los ciudadanos, pese a coincidir con un año electoral.
El motivo no es otro que la fecha de la última revisión general del valor catastral de los inmuebles para la inmensa mayoría de esos 65 municipios: el grueso data de finales de los 80 y de la década de los 90, es decir, que existe una más que evidente brecha con el valor actual de mercado. La nueva estimación afectará a 26 concellos en Ourense, 21 en Lugo, 10 en A Coruña y 8 en Pontevedra.
De hecho, el objetivo es, según explican desde Hacienda, adecuar la valoración de los inmuebles a su valor de mercado, algo que puede suponer bajadas -en los casos en los que la revisión del catastro coincidió con la parte alta del ciclo inmobiliario, es decir, entre los años 2006 y 2008- o subidas, cuando son anteriores a dicha fecha. En el caso gallego, ni uno solo de los municipios se ajustó en la parte boyante de la burbuja (la revisión más reciente fue la de As Pontes, en el 2003, seguida, por ejemplo, de las de Vila de Cruces o Val do Dubra, un año antes).
En los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, los coeficientes de actualización para el valor catastral oscilarán entre un máximo del 1,13 y un mínimo del 0,78 en función de cual sea el año de la última valoración. Para los concellos gallegos que lo solicitaron la horquilla irá entre el coeficiente automático máximo del 1,13 (es el caso de municipios cuya anterior ponencia de valores data de 1986, como los ourensanos de Nogueira de Ramuín o Chandrexa de Queixa) y el mínimo del 1,06 (caso de As Pontes, con la revisión más reciente).
En el conjunto del país se actualizarán 1.876 ayuntamientos -cerca del 25 % del total nacional-, y dicha revisión será al alza para una aplastante mayoría, en concreto para 1.668 municipios (7,4 millones de inmuebles), mientras que solo 208 (1,9 millones) lo serán a la baja.
Efecto neutro, según Hacienda
Pero los expertos coinciden en ver tras la aplicación de los coeficientes de actualización una forma fácil y rápida para aumentar la recaudación, pese a que desde Hacienda insisten en que el efecto fiscal será neutro. «Si un ayuntamiento pide la revisión por estos coeficientes automáticos no podrá aplicar el incremento del tipo impositivo del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para los inmuebles urbanos que se estableció en diciembre del 2011, y que se prorrogó hasta este año. Ambas subidas son excluyentes entre sí. Tendrán que elegir. Por eso en el caso de los que la revisión catastral resulte al alza con el coeficiente automático, el efecto fiscal en el IBI será neutro», insisten fuentes del ministerio de Cristóbal Montoro.
«Lo normal es que si los municipios solicitan actualizar el valor catastral es para aumentar la recaudación. Estamos de acuerdo con que se ajuste al valor real del mercado, pero al fin y al cabo es una estrategia para aumentar la recaudación», señalan desde el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), postura con la que coinciden desde el Registro de Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas.
Impacto en otros tributos
Además, como recuerdan desde Gestha, el valor catastral es la referencia que utilizan los ayuntamientos para fijar tributos como el IBI, actualmente la vía recaudatoria estrella, que supone en torno al 50 % de los ingresos tributarios locales. Es decir, que aunque, como muchos ayuntamientos han anunciado ya, el tipo del IBI baje -no en vano estamos a punto de estrenar año electoral-, si el valor catastral sube, la factura fiscal se eleva de facto para el contribuyente.
A ello hay que añadir, como apuntan los expertos consultados, que la valoración catastral tiene también impacto en el IRPF (en el caso de la segunda vivienda tributa por el 1,1 % del valor o el 2 % cuando la revisión haya sido anterior a enero de 1994) y, en menor medida, en el impuesto de patrimonio, además de que, a efectos de las comunidades autónomas, puede tener incidencia porque se utiliza como comprobante en el impuesto de transmisiones patrimoniales.
En cualquier caso, la revisión catastral y su impacto en otras figuras tributarias ha provocado la más frontal oposición de organizaciones de consumidores como la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), que recelan del ajuste de un impuesto en absoluto progresivo.