Un informe revela que Infraestruturas paga por el 83 % de sus actuaciones más dinero del pactado en el contrato y que el 64 % duran más de lo fijado
04 nov 2014 . Actualizado a las 09:06 h.La mayoría de las obras públicas gallegas acaban costando al erario más de lo pactado por contrato y también terminan durando más de lo comprometido por escrito. Al menos esa es una de las principales conclusiones contenidas en un informe difundido ayer por el Consello de Contas. El documento afea a la Xunta en general retrasos en los pagos, lagunas de motivación, fraccionamientos irregulares de encargos y un excesivo recurso a la adjudicación por los procedimientos de urgencia y negociado, «menos transparentes e competitivos» que los concursos abiertos. El análisis de los expertos se centra básicamente en el bienio 2010-2011 y en dos consellerías: la de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas y la de Medio Rural e do Mar, las cuales constituyen los grandes motores inversores de San Caetano.
Los auditores revelan que el coste de las actuaciones recibidas por la Dirección Xeral de Infraestruturas en el período de referencia ascendió a 200,4 millones, a pesar de que se trataba de inversiones en su día concedidas a empresas privadas por importe de 152,8. O sea, se registró un sobreprecio global del 31 %. No en vano, debido a modificados de proyecto, trabajos complementarios y lastres similares pactados sobre la marcha, se produjeron desviaciones de fondos al alza en un 83 % de los casos.
En paralelo, las constructoras solamente cumplieron los calendarios acordados en un 36 % de las ocasiones. Y una décima parte de las veces llegaron a acumular retrasos de 16,5 y más meses. Tampoco la Xunta se ajustó a sus obligaciones legales de abono, al liquidar las certificaciones de obra en el 2010 con una demora media de 74,63 días y de 138,93 en el 2011, «o que supón máis do dobre do permitido», apostillan los autores de la investigación. «Este crecente incumprimento dos prazos de pago por parte da Administración -alertan- está a xerar un importante devengo automático de xuros de demora».
Pero el organismo fiscalizador se muestra especialmente duro con la manera de hacer las cosas en otro departamento, el de Rosa Quintana. Allí, entre el 53 y el 61 % de los expedientes de contratación se despacharon por la vía negociada. Los técnicos, además, percibieron la utilización «indebida» de criterios de valoración y declaraciones de emergencia «que non responden a unha situación de urxencia obxectivamente avaliabe nin se basean en razóns claras e suficientes». En la concertación del servicio aéreo de extinción de incendios incluso apreciaron pagos «omitindo os procedementos legalmente establecidos».