La crisis obliga a elevar a 70 millones la partida de Benestar para atender casos de emergencia
GALICIA
El aumento del número de familias que entran en situación de emergencia social sigue obligando a la Administración gallega a reforzar las partidas
01 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El aumento del número de familias que entran en situación de emergencia social como consecuencia de la crisis económica sigue obligando a la Administración gallega a reforzar las partidas para atender esas necesidades. Las cuentas de Benestar reservan 70 millones para los programas de inclusión social, entre los que destaca la consignación de 47,7 millones para sufragar la renta de integración (risga). Este presupuesto para la paga social autonómica que ya perciben más de 9.300 personas se ha duplicado desde el 2012, cuando Benestar asignó un crédito inicial de 23,7 millones. Además, de esos 70 millones para políticas de inclusión 9,5 irán destinados al complemento de las pensiones no contributivas, una paga de 206 euros que en diciembre reciben más de 43.500 personas.
En la presentación de unas cuentas de la Consellería de Traballo e Benestar para el 2015 que suman 742 millones, 15 más que este año, Beatriz Mato también resaltó la inversión de 298,4 millones para atender la ley de dependencia, con la previsión de dar 2.000 altas antes de que acabe el año para llegar a un total de 38.700 beneficiarios.
2.000 plazas de guarderías
Mato también destacó en su comparecencia parlamentaria las medidas orientadas a paliar la crisis demográfica, como la creación de 2.000 plazas de escuelas infantiles en los próximos dos años y el compromiso de poner en servicio en el 2015 las primeras casas nido, en las provincias de Lugo y Ourense. También recordó que en el próximo ejercicio se incrementará la deducción fiscal por nacimiento o adopción del segundo hijo hasta 1.200 euros, que serán 2.400 en el caso del tercero. La Xunta extenderá esa deducción a las familias que no estén obligadas a presentar declaración del IRPF.
La oposición denunció que las cuentas no se cumplen, y auguró que no contribuirán a crear empleo. PSdeG y AGE denunciaron la extensión del silencio administrativo negativo en dependencia, que abocará a los ciudadanos afectados a recurrir al juzgado.