Jefas de Consumo arreglaron contratos con Crespo por valor de 122.856 euros
GALICIA
La policía halló correos que prueban que el empresario coruñés, principal imputado en la trama de los cursos fantasma, pactó las condiciones de dos concursos
24 oct 2014 . Actualizado a las 15:17 h.Gerardo Crespo, el principal imputado en la trama de los cursos fantasma, no es ya que moviese sus hilos para que le concediesen dos proyectos del Instituto Galego de Consumo, sino que él mismo elaboró los pliegos de condiciones tras pactarlo con altos cargos de ese organismo dependiente de la Consellería de Industria. Por uno recibió 58.056 euros, el 21 de febrero del 2011, y por el otro, 64.800 euros, justo un año después. Lo afirma el grupo de delincuencia económica, que se apoya en los correos intervenidos en los ordenadores de Azetanet, la empresa matriz del empresario coruñés.
Según aparece en la página 109 del tomo XXI del sumario, redactada por los investigadores, «la encargada administrativa de la preparación de los pliegos en la Escola Galega de Consumo les pidió a empleadas de Azetanet que revisaran con anterioridad el mismo para después ella poder enfocar el pliego, reuniéndose con posterioridad con la directora técnica del organismo, Esther Álvarez, para acordar las mejoras que debería presentar la mercantil para ser adjudicataria».
Escrito eso, el grupo de delincuencia económica «interpreta que los citados concursos estaban amañados desde su inicio, pues así se aprecia en los correos electrónicos». Así, en uno de ellos, una empleada de Gerardo Crespo envía un e-mail a sus compañeros y a su jefe en el que les informa de que «el viernes pasado -19 de noviembre del 2010- estuve reunida con Esther, de Consumo, y entre otras cosas tratamos el tema del concurso. Le han encargado a ella que prepare los pliegos... Lo que quiere es que aquí, nosotros, revisemos cómo salió la vez pasada (qué pedían y qué ofrecíamos nosotros), y cómo podemos dar el servicio con ese dinero. Una vez estudiado el tema por nosotros, nos convoca a una reunión el 2 de diciembre para hablar sobre el tema. Le servirá a ella para enfocar el pliego».
Empresas «amigas»
Una vez concluida la reunión con la directora técnica en la fecha que habían acordado, otra empleada de Azetanet da cuenta a sus compañeros de su resultado. Tras explicarles las condiciones del pliego que remitió a Consumo, les informa: «Hay que llamar a Esther para decirle que nos presentamos y también para saber si presentamos nosotros las tres empresas».
¿A qué se refiere con las tres empresas? Pues que al concurso, «para dar apariencia de legalidad» y «con el conocimiento de responsables de Consumo», se iban a presentar tres mercantiles «amigas». Esto queda probado, según la policía, en otros correos e intervenciones telefónicas en las que empleados de Azetanet «se mueven» buscando empresas propias o de clientes e «informan» a Consumo a cuáles tienen que llamar. Así, junto a Gecreri -mercantil a nombre de Gerardo Crespo y su esposa-, que fue la que se llevó los proyectos, ofrecieron sus servicios Fortconsult y Fomento de Estudio y Empleo, «mercantiles vinculadas a personas que trabajan con Azetanet».
La policía constató que «poco después la empleada de Azetanet se reúne con la gerente de Consumo, María Jesús Muñoz, para presentarle un informe, se entiende que para pactar la adjudicación definitiva».
Gecreri fue finalmente adjudicataria por el procedimiento negociado sin publicidad del servicio de realización de actuaciones de carácter formativo y divulgativo de la Escola de Consumo.
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, a día de hoy, llamó a declarar a Esther Álvarez, directora técnica de la Escola Galega de Consumo, y a Maribel Caramés, jefa de servicio de Asuntos Xerais del Instituto Galego de Consumo. Esta última aparece en una llamada intervenida entre Crespo y una empleada. Por el momento no fue citada la gerente de Consumo, María Jesús Muñoz. Las dos primeras, que siguen en el IGC, fueron llamadas a declarar el pasado 26 de septiembre en comisaría, donde se les comunicó que estaban imputadas policialmente por su participación en un presunto delito de tráfico de influencias.
Desde la Consellería de Industria, de la que depende Consumo, se dice al respecto que están «a disposición de la Justicia como se hizo desde el primer momento cuando se le requirió toda la documentación» y que muestran «total respeto a la instrucción».