La policía cree que Crespo compraba listas en Internet para inflar sus asociaciones

Cuando el empresario coruñés Gerardo Crespo, principal imputado por el caso de los cursos de formación fantasma, quiso llevar sus asociaciones de discapacitados hasta el último rincón del país se encontró con un problema de difícil solución legal. Para poder optar a ayudas, su entidad tendría que tener un número mínimo de afiliados, aparte de una sede. ¿Qué hizo? Pues cuenta la policía en el sumario que comprar listados ficticios en Internet y falsificar contratos de alquiler. También, para justificar las subvenciones contrataban a personal, a veces con contratos de dos días. De esa forma, las asociaciones sin ánimo de lucro creadas por el principal encausado en la supuesta trama llegaron a tener presencia en casi todas las comunidades autónomas. En locales ficticios, sin empleados, sin mesas ni bolígrafos. Solo el empeño de Crespo en solicitar cualquier subvención que ofrezca la comunidad autónoma de turno. Una vez recibida la ayuda, era alguna de sus empresas la encargada de organizar el curso, «que muchas veces ni se hacía», o buscar empleo a parados, que tampoco, según el grupo de delincuencia económica de la policía, que sostiene que esas entidades sin ánimo de lucro ya «nacían de forma ilegal». Así fue como nacieron la Asociación de Empresarios Discapacitados y luego la Asociación de trabajadores autónomos discapacitados. Estas entidades recibieron a lo largo de los últimos años numerosas subvenciones de los gobiernos de Asturias, Extremadura, Andalucía, La Rioja...

Como prueba, la policía transcribe una conversación grabada de Gerardo Crespo a una de sus trabajadoras. Fue el 23 de abril del 2012 y ahí el empresario le dice que tienen que comprar un listado de 30.000 para las encuestas, y «entonces hay dos opciones, comprarlo con el nombre y el teléfono solamente, y eso cuesta 2.200 euros, o comprarlo con nombre, teléfono, dirección, cif...».

Y no solo sus asociados salían de Internet, también de otras entidades «dirigidas por amigos, como lo demuestra», según la policía, «el hecho de que encomienda a su empleada la firma de convenios de colaboración con otras asociaciones de autónomos de reducido tamaño dirigidas por conocidos, con los que aumentar el volumen de autónomos y creando una apariencia de sedes de la nueva asociación, como lo demuestra el hecho de que una sola trabajadora de Azetanet gestionaba desde su despacho los teléfonos de diferentes sedes de AED (Asociación de Empresarios Discapacitados).

Muy reveladora fue la conversación mantenida por una empleada de Azetanet con Gerardo Crespo el 8 de mayo del 2012, cuando ya se sabe investigado: «Vamos a ver, Gerardo, estamos todos cagaos porque van a ir a por ti». Su jefe le pregunta el por qué de su temor, y recibe como respuesta: «Porque los 12.000 socios son mentira, Gerardo, y no me empieces con eso de que no pasa nada, porque todo es mentira». En otras conversaciones, el dueño de Azetanet pide a sus empleadas que pongan sus domicilios como sedes.

El grupo de delincuencia económica de la policía cree que «los políticos hicieron la vista gorda» durante muchos años.

Sobre este tema, el portavoz del grupo parlamentario popular, Pedro Puy, consideró que deben de exigirse responsabilidades si se confirma el mal uso de los fondos públicos para cursos de formación de empleo que nunca llegaron a realizarse.

El diputado popular ha dicho que está a favor de que se sepa qué pasó en ese presunto caso de corrupción enmarcado en la denominada operación Zeta.

«Yo de lo que soy partidario es de que se conozca exactamente qué es lo que pasó; que se confirme o se desmienta que existió desviación en el uso de fondos con carácter grave e irregular», afirmó Puy. Acerca de la investigación precisó que él se siente tranquilo al saber que la lleva a cabo el Poder Judicial. «Lo importante es que sepamos realmente qué es lo que pasó y que se exijan las responsabilidades».

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