Miembros de Long Hope recuperan documentos que evidencian que el país nórdico se negó a firmar un convenio con España
21 oct 2014 . Actualizado a las 08:29 h.Iban a seguir la sugerencia del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, y reclamar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos los impuestos que pagaron a Noruega cuando trabajaban a bordo de sus barcos mercantes y que, sin embargo, no generaron derecho alguno a pensión. Pero antes, a los miembros de Long Hope, la asociación que reúne a los marineros españoles afectados, se les ocurrió meterse bucear en los papeles desclasificados por la Administración noruega y en los documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Archivo Nacional del país. Y se encontraron con «documentación comprometedora», capaz de sacar los colores a Noruega.
Un rubor que casi adquiere tonalidad púrpura ante tamaña desfachatez, porque los papeles demuestran que ha sido el país nórdico el que siempre ha estado torpedeando el derecho a prestación que tenían los españoles, dado que España «intentou firmar un convenio bilateral en materia de Seguridade Social xa no 52», asegura Alberto Paz Viñas, portavoz del colectivo de afectados. Y no fue ese el único intento. Lo repitió «no 64, no 67, no 70 e a última vez foi no 82». De ese año data el informe del entonces Instituto Español de Emigración que cargaba contra la práctica noruega, al interpretar que ese pago era un canon por trabajar e incluso valoraba presentar una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el Consejo de Europa. «Non ten sentido pagar por traballar». Y eso es lo que estuvieron haciendo los españoles, dado que no tenían residencia allí, pero pagaban impuestos como si tuvieran casa en Bergen y no en Porto do Son, Boiro o Portonovo.
Último intento frustrado
Según los documentos que obran en poder de Paz y su grupo, en el 82 ya estaba todo preparado para firmar ese convenio bilateral, para lo que se habían celebrado dos rondas de negociaciones, una en Oslo y otra en Madrid. Sin embargo, en enero del 83 la patronal de armadores noruegos y los sindicatos echaron por tierra todo ese trabajo y negaron el derecho a cotizar a quienes operaban en las plataformas o a los que estaban enrolados en los mercantes de Noruega.
Ese cobro de impuestos que no ha generado derecho a pensión ha constituido un abuso, «una grave injusticia social», como la definió en su día la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Y Noruega debe resarcirla.
Eso irán a decir allá, en Oslo, los miembros de Long Hope. Han programado un viaje de diez días por suelo nórdico para exponer su punto de vista y abrir los ojos ante tamaña injusticia histórica hasta a la primera ministra, si es posible. Pretenden verse con el ministro de Asuntos Exteriores, con el de Trabajo y con el nuevo Defensor del Pueblo, que ha vuelto a reabrir la causa de los exmarineros españoles después de que su antecesor diese carpetazo al asunto. Por lo de pronto, ya tienen programado un encuentro con los responsables del sindicato Norwegian Seamen?s Union, al que los marineros gallegos estuvieron afiliados porque la inscripción tenía carácter obligatorio.
Retomar la reivindicación
Y lo que le expondrán es casi lo mismo que ya llevaron al presidente de la OIT, Joaquín Nieto, que se ofreció para exponer la necesidad de revisar todos los convenios y protocolos firmados con Noruega, para examinar las posibles vulneraciones del país y tomar medidas al respecto. Lo que trasladaron al embajador de Noruega en España, Johan Christopher Vibe, que se comprometió a actuar en cuanto se pronuncie el Defensor del Pueblo noruego. Y lo comunicado a autoridades de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, con Victoria Morera, la secretaria, a la cabeza. Esta mostró el más absoluto desconocimiento por los documentos rescatados de los archivos, que dejan en evidencia a Noruega, y se comprometió a esclarecer los hechos, según Long Hope. El colectivo espera que así sea y que se retome lo que se dejó pendiente en el 82. Por lo de pronto, ha puesto a disposición de los representantes del colectivo -el portavoz, Alberto Paz, y el presidente, Juan Lores -, un coche oficial, conducido por un empleado de la embajada española en Oslo, que los llevarán a las citas con sus interlocutores.
Paralelamente, la Comisión de Peticiones de la UE ha reabierto también el caso en Bruselas. Con todo esto, esperan hacer cumplir a Noruega con sus obligaciones y que devuelva los 500 millones de euros que cobró indebidamente a los entre 12.000 y 15.000 marineros gallegos que trabajaron en sus gaseros, quimiqueros, graneleros, petroleros y demás mercantes.