Las reformas para agilizar los planes urbanísticos irán en la ley que acompaña a los Presupostos

Uno de los aspectos cruciales de la nueva Lei do Solo serán las medidas para agilizar los planeamientos urbanísticos, lastrados por el exceso de procedimientos que plantea la ambiciosa norma actual. La Xunta no esperará a la aprobación del nuevo marco para realizar la modificación de la normativa sectorial que unificará trámites y acelerará los plazos para su emisión. Esas reformas irán en la ley de acompañamiento de los Presupostos del 2015, de forma que puedan tener efecto desde el 1 de enero. Lo más relevante es que el plazo de emisión para todos los informes sectoriales quedará fijado en tres meses, cuando en la actualidad pueden superar los 18. Además, el silencio administrativo a partir del tiempo estipulado por ley pasará a tener carácter positivo.

Con estas correcciones, la Xunta pretende reducir de 6 a 3 años el tiempo medio empleado en tramitar los planeamientos, aunque en algunos casos ha rebasado los 10. Esta es una de las principales demandas del municipalismo.

Obras en suelo rústico

Menos restricciones. Será uno de los grandes cambios de la ley. Frente a la actual, a la que los sindicatos agrarios reprocharon un rigor proteccionista que hacía prácticamente intocable el suelo rústico, la nueva norma aboga por dinamizar el medio rural. La Xunta apuesta por el suelo rústico como suelo productivo y suprime las categorías de protección agropecuaria y forestal, porque entiende que no tienen que ser objeto de protección específica. Así, serán los alcaldes los que autoricen construcciones en suelo rústico vinculadas a actividades agropecuarias y forestales, aunque también instalaciones como cementerios y depuradoras. La autorización autonómica solo será necesaria para construcciones de uso turístico o ganadero.

Planeamiento básico

Para los concellos pequeños. Los concellos de menos de 5.000 habitantes podrán encomendar a la Xunta la redacción de un planeamiento básico. Frente al encorsetado marco en vigor, ese nuevo instrumento establecerá una ordenación subsidiaria que reconocerá los ámbitos que reúnan las condiciones para su clasificación como suelo urbano o suelo rural. El objetivo es dar una solución para desbloquear la actividad en los pequeños municipios que no cuenten con ningún instrumento de planeamiento.

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