La querella a Pachi Vázquez alcanza a su sucesor en la alcaldía y a tres exconcejales
GALICIA
La Fiscalía sostiene que el exregidor de O Carballiño no pedía informes «para no hacer patente su ilícita actuación»
09 oct 2014 . Actualizado a las 08:40 h.El «único criterio» que -en los años de gobierno socialista de 1999 a 2011- se siguió en el Concello de O Carballiño «para la determinación de la contratación de personal era un mero acto arbitrario de designación de los implicados [...] que firmaban directamente los contratos y las resoluciones que los justificaban aparentemente». La querella que la Fiscalía de Galicia ha formalizado en el Tribunal Superiorde Xustiza contra el parlamentario y ex secretario general del PSdG-PSOE, Manuel Pachi Vázquez, por un presunto delito continuado de prevaricación, alcanzará a su sucesor, Carlos Montes; a la exconcejala Elisa Domínguez Vidal, que actuó como alcaldesa accidental durante una baja por enfermedad de Montes, y a los exconcejales Alfonso Prado y José Antonio Barge, responsables de Personal con Vázquez y con Montes, respectivamente.
En lo que afecta al aforado Pachi Vázquez, ya ha sido admitida a trámite la querella por el TSXG. La responsabilidad que corresponda a las otras cuatro personas será objeto de otro procedimiento, en un juzgado de O Carballiño, una vez que se presente otra querella, algo que se producirá de forma inmediata, según el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado. Los hechos son los mismos, aunque en parte de ellos, los que afectan a la etapa posterior al año 2005, no interviene Pachi Vázquez, que había renunciado a la alcaldía para concurrir a las elecciones autonómicas. Finalmenrte fue conselleiro en el Gobierno de Pérez Touriño.
La querella de la Fiscalía mantiene una posición que se aleja de forma radical de la primera línea de defensa que ha dibujado el exalcalde y parlamentario Pachi Vázquez. Afirmó el político, al haber trascendido el contenido de la querella, que en ningún momento tomó «decisión algunha que non estivese avalada» por Secretaría o Intervención. El fiscal, sin embargo, sostiene que «los implicados nunca solicitaron informe alguno ni a los órganos de Secretaría ni de Intervención municipales para no hacer patente y manifiestamente ilícita actuación».
Al señalar a alcaldes y concejales, las diligencias informativas del fiscal jefe de Ourense concluían que todos ellos, en sus correspondientes períodos de gobierno, tenían «conocimiento mutuo y corresponsabilidad en su respectiva actuación de contratación».
Un delito continuado
Tanto el fiscal jefe de Ourense como el fiscal que firma la querella al TSXG apuntan que existen hechos aparentemente prescritos, pero que no lo son al tratarse de un delito continuado.
De los sesenta enchufes detallados en la diligencias de la fiscalía de Ourense, veintiuno de ellos son «hechos que no afectan al señor Vázquez», dice la fiscalía en su querella. Comparten todos, sin embargo, que en las distintas resoluciones «se acuerda sin más» reconocer la condición de trabajadores indefinidos de los sesenta trabajadores, desde peones a policías locales.