Martiñá se negó a declarar sobre ayudas a talleres que nunca se hicieron
27 sep 2014 . Actualizado a las 04:00 h.La investigación judicial y policial emprendida hace ahora dos años y medio por una presunta trama de falsas ayudas para cursos de formación y que salpicaron a varias entidades y empresarios de toda Galicia se ha llevado por delante su primera pieza política, la de Odilo Martiñá, que hasta este jueves fue director general de Traballo e Economía Social.
El número cuatro de la Consellería de Traballo e Benestar había presentado su dimisión este jueves alegando motivos personales. Nada más que eso. Unas horas después de aceptar su adiós y agradecerle los servicios prestados, el presidente de la Xunta se despertó con la imagen de Martiñá entrando en la comisaría coruñesa de Lonzas tras ser llamado a declarar en la trama de los cursos de formación, cuya investigación continúa, dos años y medio después de iniciarse, bajo secreto de sumario, en el juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña. Se negó a declarar.
A la policía le hubiese gustado preguntarle como uno de los máximos responsables en la concesión de subvenciones a varias entidades para que estas gestionasen cursos o talleres para parados. El problema es que nunca se celebraron. Fue la propia consellería, una vez que la Fiscalía pidió abrir diligencias, la que constató que las sospechas policiales eran ciertas.
Fue hace año y medio cuando personal de la Dirección Xeral de Empleo visitó las instalaciones de 26 entidades sin ánimo de lucro que habían sido seleccionadas para impartir estos talleres, que se incluían dentro del programa de integración y empleo de la Xunta, y que tenían dos objetivos principales: la formación de los alumnos y su inserción laboral. Tras la revisión de toda la documentación, se supo que ni los cursos de formación se hicieron, ni se contrató al personal para impartirlos, ni se contaba con las instalaciones prometidas. En concreto, se descubrió que dos de las firmas -Fundefo y AED, pertenecientes al empresario coruñés Gerardo Crespo- presentaban varias irregularidades graves. En concreto, faltaba información sobre el número de alumnos que habían asistido a las actividades, no había datos suficientes sobre el personal supuestamente cualificado que había impartido los talleres, y se detectaron varios incumplimientos en las directrices del programa.
Clases sin profesores
Cuando la Consellería abrió una investigación se encontró, entre otras muchas irregularidades, que las entidades incumplían lo acordado en materia de personal, ya que Fundefo obtuvo la puntuación máxima (12 puntos) porque tenía previsto emplear a 12 personas para impartir los talleres, aunque solo hizo cuatro contratos, «e no momento da nosa visita non se atopaba ningunha das persoas contratadas, e as explicacións que nos deron ao respecto foron varias: traballa en Vigo, está de vacacións, está con Adecco, está enferma...», según desvelaron fuentes de Traballo.
No solo las compañías del empresario coruñés Gerardo Crespo están siendo investigadas. Así, aparte de Fundefo y Azetanet, también se miraron con lupa la Federación Galega de Hostelería, que preside Héctor Cañete y la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga).
Varios funcionarios fueron también llamados a declarar en calidad de testigos, y se espera que en los próximos días o semanas sean llamados a declarar responsables de otras entidades que recibieron algún tipo de subvención.