: Uno de cada nueve alcaldes gallegos, imputado

Hasta 22 de los 35 regidores citados por la Justicia afrontan acusaciones de corrupción

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El mapa político de Galicia es un campo de minas. Cuando solo restan 242 días para las elecciones municipales, uno de cada nueve alcaldes afrontan el final de sus mandatos con la losa de la imputación judicial. Hasta 35 regidores compatibilizan el cargo con su defensa jurídica. El PP, la formación con más alcaldes de Galicia, es con 21 el partido con más primeros ediles imputados, el 9,4 % de sus 222 regidores. El PSdeG duplica ese porcentaje al estar acusados 11 de sus regidores, el 18,6 % de su total. Y de los 27 ayuntamientos que en el 2011 arrancaron liderados por el BNG, dos cuentan también con acusación jurídica, el 7,4 % de los regidores nacionalistas.

Pero más allá de los porcentajes, queda claro que ninguno de los principales partidos puede alegar ser implacable con las imputaciones, ni siquiera el BNG, que suele pedir dimisiones automáticas cuando se producen las imputaciones. Los nacionalistas están señalados en Arzúa, con su regidor José Luis García imputado en la operación Pokémon, si bien el Bloque excusa la trascendencia de las acusaciones por el asfaltado de una calle.

De 35 alcaldes imputados 22 están implicados judicialmente en investigaciones por supuesta corrupción, y lejos de lo que pudiera parecer, las grandes operaciones como la Pokémon, Orquesta y otras solo salpican a ocho regidores. Eso sí, forzaron las dimisiones de los alcaldes de Santiago, Ourense y Boqueixón. Conde Roa renunció por un delito fiscal .

Cohecho (solicitud u obtención de dádivas) es la acusación que pesa, entre otros delitos, sobre siete alcaldes, como la sombra de la prevaricación pende sobre veinte regidores, aunque en distintos grados, al ir desde el caso del de Vimianzo imputado por supuestos manejos para evitar una moción de censura a presuntas irregularidades en materia urbanística, como ocurre en Abegondo, Viveiro, Tui y Ponteareas. Otros 11 primeros ediles esperan a ver si se les procesa o no por favorecer a terceros en adjudicaciones y contratos.

Tráfico de influencias, injurias, revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, malversación de fondos, vulneración de derechos laborales, contrataciones ilegales y hasta manipulación del censo completan el mapa de dudas judiciales sobre la gestión de alcaldes de la comunidad, escenario en el que también tienen cabida casos excepcionales como el que afecta al alcalde de A Guarda, José Manuel Domínguez, acusado de permitir que una actuación de ballet celebrada en una plaza superase las diez de la noche y su música rebasase el límite de decibelios.

políticos en tela de juicio