Instaladores critican que las ayudas del Inega se centren en la eficiencia y no en la seguridad

redacción / la voz

GALICIA

El suceso que acabó con la vida de la joven de 14 años de Santiago, que murió electrocutada al tocar una farola, reabre el debate en torno al mantenimiento de las instalaciones eléctricas

20 sep 2014 . Actualizado a las 05:00 h.

El trágico suceso ocurrido durante la madrugada del pasado lunes en Santiago en el que murió una joven de catorce años electrocutada al tocar una farola ha abierto el debate en torno al mantenimiento de instalaciones eléctricas al aire libre de toda Galicia. Al parecer, el suceso se produjo por un fallo técnico en otra luminaria a la que supuestamente había afectado un rayo.

Ayer la Federación Galega de Asociación de Instaladores Eléctricos e de Telecomunicacións respondió al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que el jueves había instado a las empresas a extremar el mantenimiento de la red. Lo hizo prestando su apoyo a la Consellería de Industria para concretar «las acciones necesarias para alcanzar ese claro objetivo», además de trasladar su pésame a la familia de la joven.

Pero también aprovecharon para lanzar una batería de críticas a cómo se están haciendo ahora las cosas. Comentan que las mayores subvenciones promovidas desde el Inega son destinadas «a dudosas eficiencias energéticas, no a seguridad y conservación».

Desde la Consellería de Industria, administración de la que depende el Inega, reconocen que hay una línea de ayudas a la eficiencia energética se centra en el ahorro energético, pero dicen que dicho departamento ofrece otro tipo de apoyos a los concellos como la realización de auditorías. «Todo depende de lo que incluya el proyecto que presente cada entidad local al Inega», dicen fuentes de ese departamento de la Xunta.

Las críticas de la federación gallega de instaladores no se quedan solo ahí. Hablan de las consecuencias que tiene en la labor de mantenimiento habitual la falta de dotación económica de los concellos. Dicen que estas han provocado que muchos de ellos no pasen los controles obligatorios que marca el reglamento aprobado en el 2002, pero también han generado una degradación del estado del alumbrado.

También aluden en el comunicado que enviaron ayer al «apoyo que desde la Administración se ha prestado a la contratación de instalaciones a empresas de servicios energéticos, encabezadas normalmente por entes financieros, en detrimento de las pequeñas instaladoras locales, compañías que conocen mejor cómo manejar infraestructuras locales».

Otra de sus críticas gira en torno al hecho de que muchas veces es el personal interno del propietario de la instalación -normalmente el concello- el que realiza los trabajos de mantenimiento, cuando el reglamento dice que ha de ser una empresa instaladora autorizada.