Francisco Rodríguez se negó a declarar en un caso que su abogada calificó de «sinsentido»
18 sep 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Citados como imputados en uno de los varios frentes judiciales abiertos que salpican la gestión del Concello de Ourense, el alcalde y su antecesor, Agustín Fernández y Francisco Rodríguez, acudieron juntos ante el juez. Actuaron, sin embargo, de distinta manera. El regidor, más institucional, defendió la gestión del gobierno local PSOE-BNG en la solución al conflicto que afectaba a la legalidad de la urbanización de la plaza de San Antonio y la licencia a un párking bajo el subsuelo de la plaza. El exalcalde, sin embargo, repitió ante el titular del juzgado de instrucción número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, lo que ya había dicho con anterioridad ante la jueza Pilar de Lara en Lugo. Se acogió al derecho constitucional a no declarar. Su abogada, Elena Díaz Valverde, no se limitó a asentir, sino que hizo constar que la decisión obedecía a no entender qué hacían allí como imputados, al estimar que es un «sinsentido» que se mantenga abierto este procedimiento y no esté ya archivado, por ser «evidente» la ausencia de ilícito penal.
En este asunto están imputados los asistentes a dos juntas de gobierno en los años 2009 y 2013. En una, por la concesión de licencia a la urbanización y al parking de la plaza de San Antonio, en subsuelo público. El alcalde, Agustín Fernández, mostró ayer «profunda sorpresa» por la citación, pues se trata de un «expediente do que me sinto especialmente satisfeito, orgulloso, porque conseguimos evitar a demolición das edificacións da plaza de San Antonio». Resalta, por otra parte, que se actuó de acuerdo con informes técnicos y jurídicos, considerando que la gestión quedó luego avalada por el TSXG. Podría costar al Concello de Ourense, además, alrededor de cuarenta millones de euros, según enfatizó el exteniente de alcalde por el BNG Alexandre Sánchez Vidal, que mostró su «indignación serena» por el hecho de que el PP diera las licencias en su momento, al amparo del anulado PXOM del 2003, el gobierno local PSOE-BNG tuviera que resolver el conflicto y ahora se vean como imputados.
La segunda parte de esta causa tiene su origen en otro acuerdo para indemnizar a una vecina que reclamaba por la pérdida de luces traseras en un inmueble. Los denunciantes, primero Democracia Ourensana y ahora el entorno del promotor Bautista Rodríguez Díaz, que lideran casi todos los pleitos penales contra el gobierno local, consideran que el pago de 358.000 euros fue excesivo para un piso.