El BNG pide su dimisión y EU una comisión municipal de investigación
17 sep 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Hubiera podido no hacerlo y los expedientes habrían salido adelante sin problemas con su abstención. Y quizás, solo quizás, no estaría en su delicada situación actual. Ángel Rivas, gerente de Hormigones Valle Miñor, era y es miembro del gobierno socialista que preside Abel Caballero y que decidió adjudicaciones millonarias a empresas para reformar calles de Vigo. En las humanizaciones se invirtieron más de cien millones de euros desde el 2007, en los dos mandatos del actual alcalde. Muchas de las empresas luego adquirían el cemento a la firma que dirigía el edil. Y ha terminado imputado por el presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, decidido por la juez tras conocer el informe elaborado por la UDEF (Unidad de delitos económicos y fiscales) de la policía.
Le acompaña en este proceso un funcionario que ocupa el puesto de jefe del área de Fomento, Álvaro Crespo, en su caso imputado por prevaricación. El motivo, al parecer, es que su firma aparece en numerosos expedientes de acuerdos extrajudiciales de crédito, nombre que recibe el pago de adjudicaciones a empresas sin expediente ni concurso previo y sin existir consignación presupuestaria. No es inusual, pero se ha detectado una práctica continuada.
Y con ellos dos, Javier Carrera y otro responsable de Movexvial. Aunque en el expediente judicial, según fuentes próximas al caso, figuran otras siete empresas, la jueza no ha decidido por ahora más imputaciones. En el expediente aparece Eiriña, cuyo propietario fue detenido en febrero en el marco de la operación Patos (con registros policiales del despacho de Rivas y del también concejal David Regades) y luego puesto en libertad en calidad de imputado. Este empresario ha hecho obras de humanización en Vigo y es el padre de un concejala viguesa del Partido Popular.
Siete constructoras más
El juzgado ha requerido abundante documentación de las ocho empresas constructoras y también de distintos departamentos del Ayuntamiento vigués, entre ellos Intervención y Asesoría Jurídica. La Fiscalía quería conocer las adjudicaciones municipales desde el año 2007 (fecha de inicio del primer mandato de Caballero) y la compra de cemento efectuada a la empresa Hormigones Valle Miñor.
Tras conocer la imputación del concejal Rivas, la oposición de Vigo actuó ayer de manera dispar. Desde el PP se reclamó «celeridad a la justicia» y «transparencia al gobierno municipal», pero nada más. Y mucho menos mencionar la palabra dimisión, un campo donde el partido no puede dar lecciones. Su portavoz en Vigo, José Manuel Figueroa, reconoció que ellos actúan según los casos. «Hay imputados que han dimitido y otros no», dijo de forma obvia.
Muy distinta fue la reacción de la izquierda. El BNG, por boca de Iolanda Veloso, animó a Rivas a dimitir «como fan os concelleiros do BNG nesta situación». Calificó su imputación de «feito excepcional e extraordinario» y acusó a Caballero de esconderse y no dar las explicaciones «que os vigueses merecen».
Desde fuera del Concello, Rubén Pérez (Esquerda Unida) consideró que la dimisión debería ser «inmediata» y fue más allá al reclamar una comisión de investigación que aborde el caso Patos y su relación con este.