Una de las principales lecciones que nos deja el caso Pujol es la necesidad de establecer por ley la limitación de mandatos para los cargos públicos
08 sep 2014 . Actualizado a las 10:35 h.Una de las principales lecciones que nos deja el caso Pujol es la necesidad de establecer por ley la limitación de mandatos para los cargos públicos. No porque sea la permanencia en el poder la que lleve a la corrupción, dado que Pujol era ya un defraudador cuando accedió a la Generalitat, según él mismo ha confesado, sino por la impunidad y el culto a la personalidad que puede implicar la perpetuación en un Gobierno.
La época de Felipe González demostró también los peligros de esa falta de límites temporales. Y, aunque José María Aznar decidió imponerse un máximo de dos legislaturas, nadie ha querido recoger ese guante para elevarlo al rango de ley, a pesar de que el socialista Pedro Sánchez se muestre dispuesto a impulsarla ahora. Sorprende que en plena vorágine de ocurrencias en lo que afecta a las modificaciones de la ley electoral, presentadas como una forma de regenerar la democracia cuando en algunos casos se debe exclusivamente al propio interés partidista, no se ponga más el acento en la necesidad de establecer esa limitación.
Sorprende en lo que afecta a la política nacional, pero todavía más en Galicia, en donde a la reforma auspiciada desde el Ejecutivo para que gobierne en los ayuntamientos la lista más votada, se une la impulsada por la Xunta para reducir en número de escaños en el Parlamento autonómico. Alberto Núñez Feijoo se presenta así como uno de los máximos adalides de la regeneración democrática a través de los cambios en las normas que han regido hasta ahora nuestra democracia. Y todavía más cuando es uno de los principales defensores de que la elección directa de los alcaldes se imponga también en los comicios autonómicos, para que el presidente de la comunidad sea siempre el más votado.
Ímpetu reformador
En Soutomaior, y en presencia de Rajoy, Feijoo defendió la necesidad de cambiar la ley por «principio democrático» para que gobierne la lista más votada. Sin embargo, ese ímpetu reformador que lleva al presidente de la Xunta a querer cambiar una ley por otra que facilitaría su continuidad o la de su partido en el Gobierno de la Xunta, flaquea cuando se le propone una reforma que haría todo lo contrario. «Cada político debe tener la libertad de escoger la opción que considere más oportuna sin que ninguna ley le obligue a elegir», dijo el año pasado cuando su compañero de partido, el extremeño José Antonio Monago, propuso establecer un máximo de dos legislaturas en las presidencias.
El rechazo del jefe del ejecutivo gallego a poner límites a su mandato, e incluso a anunciar si optará o no a un tercero, no se debe a su deseo de perpetuarse en el poder, dado que casi con toda seguridad esta será su última legislatura, sino al temor a perder autoridad y liderazgo si se convierte en un presidente con fecha de caducidad.
En un pato cojo, que dicen los americanos.
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